Estudios de impacto ambiental






1.1 Introducción

1.1.1 Objetivos

Tras esta lección, el alumno conocerá:

• El marco conceptual de los estudios de impacto ambiental 
  (EsIA).

• El marco jurídico de la evaluación de impacto ambiental (EIA).

• Las infracciones que el incumplimiento puede significar.

• Los agentes participantes en el EIA.

• Metodologías de elaboración del EsIA.

1.2 Marco conceptual de los estudios de impacto ambiental

En la Unión Europea, pero también en EE.UU. y en otros países 
industrializados, la tónica dominante para la protección del 
medio ambiente fue, hasta no hace mucho, la de acudir a 
legislación e instrumentos clásicos de limitación 
fundamentalmente de signo administrativo.[5] Estos instrumentos 
tienen tanto 

• una dimensión de «seguridad y garantía» para las industrias 
  contaminantes una vez autorizadas y controladas como 

• una dimensión de limitación de los problemas ambientales de las 
  mismas.

Con posterioridad se pasa de un mecanismo de relación puntual 
entre Administración y la empresa propietaria de la instalación 
con afectación al entorno ambiental como sujeto autorizado, para 
centrarse más en un mecanismo no tan basado en los medios como en 
los fines últimos o resultados de la autorización. Más que 
imponer un determinada tecnología para resolver un problema –con 
la amenaza de ineficiencia que puede causar la uniformidad en el 
tratamiento de problemas diferentes-, se va a una reorientación 
de la normativa a través de la fijación de objetivos y límites de 
calidad ambiental que pueden ser alcanzados con los medios que el 
agente contaminador considere oportuno. 

Un tercer momento de esta evolución sería el de la eliminación de 
trámites autorizatorios para sectores de industria homogéneos y 
poco contaminadores, siendo sustituidos por la obligación de 
presentar de forma periódica informes a la Administración sobre 
la situación ambiental de la empresa. 



Por último la UE ha adoptado, a partir de las experiencias de 
Holanda y Reino Unido un método de unificación de permisos a 
través del así llamado prevención y control integrado de la 
contaminación (IPPC, de sus siglas en inglés Integrated Pollution 
Prevention Control).



1.2.1 Visión cooperativa de diferentes instrumentos

A la normativa de tipo sectorial, se han unido una serie de 
disposiciones de carácter general que intentan favorecer un 
enfoque globalizador, y proporcionar instrumentos que faciliten 
el tratamiento simultáneo de diversos factores y son los llamados 
instrumentos transversales[5]. 

Las características de esta nueva normativa son los de 
horizontalidad, prevención, información a los ciudadanos y 
corresponsabilidad: 



• Horizontalidad porque estos nuevos instrumentos no son 
  sectoriales, es decir, no actúan sobre la atmósfera, o sobre 
  las aguas, o sobre la fauna. 

• Prevención porque son instrumentos preventivos, que más que 
  sancionar a quien contamine buscan evitar que se contamine. 

• Corresponsabilidad Se trata de que la empresa se 
  corresponsabilice en lograr el objetivo de evitar la 
  contaminación en lugar de tratar de evitar el efecto del 
  incumplimiento, que es la sanción. 

• Información a los ciudadanos como elemento base de todos estos 
  nuevos instrumentos y, en general, de toda política 
  medioambiental, llegando incluso a permitir que los ciudadanos 
  que se consideren afectados puedan intervenir en determinados 
  procesos. 



Así la UE ha aprobado un conjunto de intrumentos regulatorios En 
esta línea se han elaborado una serie de disposiciones: 

• Reglamento (CE) n° 66/2010 del Parlamento Europeo y del 
  Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta 
  ecológica de la UE.

• Reglamento CE 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
  de 25 de noviembre de 2009, por el que se permite que las 
  organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema 
  comunitario de gestión y auditoría medioambiental, en adelante 
  EMAS

• Decisión de la Comisión de 30 de abril de 2008 por la que 
  modifica su Reglamento interno en lo que se refiere a las 
  disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1367/2006 
  del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la aplicación, 
  a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las 
  disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la 
  información, la participación del público en la toma de 
  decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio 
  ambiente

• Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
  de enero de 2008, relativa a la prevención y al control 
  integrados de la contaminación.

• Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 
  de marzo de 2007 por la que se establece una infraestructura de 
  información espacial en la Comunidad Europea (Inspire).

• Decisión 2005/370/ del Consejo de 17 de febrero de 2005 sobre 
  la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Convenio 
  sobre el acceso a la información, la participación del público 
  en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia 
  de medio ambiente (DOCE nº L 124/4, 17-05-05)

• Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 
  de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la 
  participación del público en la elaboración de determinados 
  planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la 
  que se modifican, en lo que se refiere a la participación del 
  público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CE y 
  96/61/CE del Consejo.

• Convenio Aarhus sobre el acceso a la información, la 
  participación del público en la toma de decisiones y el acceso 
  a la justicia en materia de medio ambiente. Hecho en Aarhus, 
  Dinamarca, el 25 de junio de 1998 (DOCE nº L 124/4, 17-05-05)

1.2.2 La evaluación del impacto ambiental (EIA)

En el contexto anterior de diferentes instrumentos que permitan 
una efectiva gestión de la actividad del ser humano en relación a 
su contexto ambiental, se configura como significativa la 
evaluación del impacto ambiental de determinadas actuaciones 
previstas a partir de su descripción, desde el momento de su 
configuración a nivel de proyecto[1].

Según la legislación española, se entiende por «Evaluación 
Ambiental» al procedimiento administrativo a través del cual se 
analizan los posibles efectos significativos sobre el medio 
ambiente de los planes, programas y proyectos[3].

El proceso de Evaluación del Impacto Ambiental de proyectos debe 
identificar, describir y evaluar de forma apropiada, en función 
de cada caso particular y de conformidad con la ley, los efectos 
directos e indirectos de un proyecto sobre el ser humano, la 
fauna, la flora, el suelo, el agua, el aire, el clima, el 
paisaje, los bienes materiales, el patrimonio cultural, y las 
interacciones entre ellos (Ley 21/2013[3]), siendo el promotor 
del proyecto el encargado de confeccionar el estudio de impacto 
ambiental (EsIA), donde se recoge la información necesaria para 
determinar cuál es la alternativa que va a causar un menor 
impacto en el entorno del proyecto, y la Administración 
competente para resolver a favor o en contra, pudiendo llegar a 
designar un seguimiento del proyecto. Se trata de un 
procedimiento legal que sólo es aplicable a proyectos en fases 
más o menos elaboradas, no a proyectos ya realizados o en fase de 
explotación, sobre los cuales sólo es posible aplicar la 
evaluación de impacto ambiental referida a posibles ampliaciones 
o modificaciones del proyecto ya en servicio, y en ningún caso es 
aplicable a actividades. 



La Evaluación de Impacto Ambiental exige comparar las situaciones 
del entorno en cada una de las fases del proyecto: construcción, 
explotación y abandono. Por ello, es útil distinguir cuatro 
estados cualitativos del proyecto: 

• Estado preoperacional o estado cero.

• Estado de construcción que supone conocer las modificaciones 
  que va a sufrir el entorno con motivo de las obras. Es habitual 
  que sea en esta fase donde se producen los mayores impactos. 

• Fase de explotación, que supone conocer la incidencia en el 
  entorno durante la vida de la instalación, como consecuencia de 
  su funcionamiento y explotación. Es importante considerar que 
  dicha instalación no permanecerá inalterable en el transcurso 
  del tiempo, lo que puede modificar los impactos previstos. 

• Estado del entorno una vez agotada la vida útil de la 
  instalación.



El procedimiento de evaluación de impacto ambiental está 
integrado por dos documentos básicos: 



• El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). Que contiene la 
  información necesaria para evaluar los posibles efectos 
  significativos del proyecto sobre el medio ambiente (población, 
  salud humana, flora, fauna, biodiversidad, geodiversidad, 
  suelo, subsuelo, aire, agua, etc.) y permite adoptar las 
  decisiones adecuadas para prevenir y minimizar dichos efectos 
  (Ley 21/2013, Art. 5.3 y 35.1).

• La Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Sobre la base del 
  EsIA, la autoridad competente de medio ambiente determina si 
  procede o no, a los efectos ambientales, la realización del 
  proyecto y, en su caso, las condiciones en las que puede 
  desarrollarse, las medidas correctoras y las medidas 
  compensatorias (Ley 21/2013, Art. 41). 



Este procedimiento se apoya en un elemento que lo hace único: el 
proceso de participación pública mencionado en los instrumentos 
legales de la sección anterior, teniendo esta un carácter 
fundamental en el reconocimiento del proceso como tal «Evaluación 
de Impacto Ambiental». 

1.2.3 Agentes en la EIA

Tres son los actores fundamentales en el proceso de evaluación 
del impacto ambiental:

  El promotor 

Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que 
pretende realizar un proyecto de los comprendidos en el ámbito de 
aplicación de la Ley de evaluación ambiental [3].

  El órgano ambiental 

El órgano ambiental será aquel que desempeñe las funciones 
ambientales, realice el análisis técnico de los expedientes de 
evaluación ambiental y emita la Declaración de Impacto Ambiental, 
bien en el Estado, o bien en las comunidades autónomas, donde 
pertenecerá normalmente a la Consejería de Medio Ambiente o 
denominación similar. 

La legislación española requiere que exista un determinado nexo 
de unión entre los órganos sustantivo y ambiental. Por ello se 
indica que el órgano ambiental será aquel que ejerza las 
competencias en materia de protección medioambiental en la 
Administración pública donde resida la competencia sustantiva 
para la autorización del proyecto. Esto hace que en el caso de 
determinados proyectos, en los cuales el órgano sustantivo es de 
nivel de administración estatal debido al interés general del 
proyecto –por ejemplo, aeropuertos de interés general, vías de 
ferrocarril de largo recorrido, refinerías, etc.-, esta 
competencia sustantiva atraerá hacia dicha administración la 
competencia ambiental, por lo que en tal caso, el órgano 
ambiental de la comunidad autónoma no tendrá ningún papel que 
jugar, aparte de presentar la información del proyecto o los 
datos que desde la Administración del Estado se le solicite. 



Las competencias del órgano ambiental son las siguientes: 

• Facilitar la preparación del estudio de impacto ambiental. “La 
  Administración pondrá a disposición del titular del proyecto 
  los informes y cualquier otra documentación que obre en su 
  poder cuando resulte de utilidad para la realización del 
  estudio de impacto ambiental” (Ley 21/2013, Art. 35.2). 

• Preparación de la declaración de impacto ambiental. Este órgano 
  analiza el estudio de impacto ambiental presentado por el 
  titular del proyecto, el resultado del trámite de información 
  pública, y otros documentos técnicos, y decide si el proyecto 
  debe llevarse a cabo o no, de acuerdo a criterios 
  medioambientales (Ley 21/2013, Art. 41.1). 



Un punto susceptible de mejora en el procedimiento sería el de 
situar en diferentes ministerios –o consejerías– al órgano 
sustantivo y al órgano ambiental, intentando evitar aquellos 
casos en que estos coinciden en un único ministerio o consejería. 

  El órgano sustantivo 

Es el órgano de la Administración pública que ostenta las 
competencias para adoptar o aprobar un plan o programa, para 
autorizar un proyecto, o para controlar la actividad de los 
proyectos sujetos a declaración responsable o comunicación previa[nota al pie:
Conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, Art. 71bis:

• La declaración responsable es el documento suscrito por un 
  interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que 
  cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente 
  para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para 
  su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo 
  acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante 
  el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o 
  ejercicio.

  Por ejemplo, la declaración responsable de obras permite 
  iniciar una obra sin licencia de obras con la documentación 
  mínima exigible y la firma de aceptación de un técnico si el 
  tipo de actuación así lo precisa.

• La comunicación previa es aquel documento mediante el que los 
  interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública 
  competente sus datos identificativos y demás requisitos 
  exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una 
  actividad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70.1.

  Por ejemplo, se puede presentar una comunicación previa para 
  acometer obras de pequeña envergadura que no necesiten proyecto 
  técnico y no están sometidas a licencia.

Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas 
producirán los efectos que se determinen en cada caso por la 
legislación correspondiente y permitirán, con carácter general, 
el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de 
una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de 
las facultades de comprobación, control e inspección que tengan 
atribuidas las Administraciones Públicas (Ley 30/1992, Art. 
71bis). En los ejemplos anteriores, en el momento de entregar a 
la Administración (Ayuntamiento, etc.) la documentación exigida, 
ya podrían comenzar las obras.
], salvo que el proyecto consista en diferentes actuaciones en 
materias cuya competencia la ostenten distintos órganos de la 
Administración pública estatal, autonómica o local, en cuyo caso, 
se considerará órgano sustantivo aquel que ostente las 
competencias sobre la actividad a cuya finalidad se orienta el 
proyecto, con prioridad sobre los órganos que ostentan 
competencias sobre actividades instrumentales o complementarias 
respecto a aquélla (Ley 21/2013, Art. 5.1).

Para llevar a cabo esta tarea, este órgano deberá tener en cuenta 
todas las consideraciones necesarias, tanto ambientales como de 
otro tipo.

En particular, recibirá la Declaración de Impacto Ambiental 
preparada por el órgano ambiental, que determina, a los efectos 
ambientales, la conveniencia o no de llevar a cabo el proyecto. 
La legislación estatal no define específicamente el órgano 
sustantivo, ya que lo deja en manos de las comunidades autónomas 
dentro del contexto de sus competencias. Podrán ser órgano 
sustantivos un gran número de organismos de la Administración, 
según cuál sea la naturaleza del proyecto. Por otra parte, el 
órgano sustantivo no será el mismo si el proyecto entra dentro de 
las competencias estatales o de las autonómicas.



Las tareas del órgano sustantivo dentro del proceso de EIA, son 
las siguientes: 

• Publicación de la solicitud. El órgano sustantivo recibe la 
  solicitud de autorización y debe ser publicada. Las 
  características de la publicación dependen de cada 
  procedimiento sustantivo. 

• Información pública. El órgano sustantivo debe permitir un 
  período de información pública, de forma que se puedan realizar 
  comentarios acerca del proyecto presentado (Ley 21/2013, Art. 
  21.2 y 33). 

• Imposición de condiciones. El órgano sustantivo puede imponer 
  condiciones a la ejecución del proyecto, que deben coordinarse 
  con otras que pudiera imponer el órgano ambiental. 

• Conceder la autorización del proyecto y publicidad del proyecto 
  autorizado. La decisión sobre la autorización o aprobación del 
  proyecto será hecha pública por el órgano sustantivo que la 
  haya adoptado (Ley 21/2013, Art. 32 y 42). 

• Vigilancia. La legislación española requiere expresamente un 
  post-control del proyecto (Ley 21/2013, Art. 51 y 52), 
  correspondiendo al órgano sustantivo o a los órganos que, en su 
  caso, designen las comunidades autónomas respecto de los de los 
  planes, programas o proyectos que no sean de competencia 
  estatal, el seguimiento del cumplimiento de la declaración de 
  impacto ambiental o del informe de impacto ambiental. 



1.2.4 El proceso de la EIA

La evaluación de impacto ambiental de proyectos comprende las 
siguientes actuaciones[6]: 



1. Presentación de la solicitud de evaluación de impacto 
  ambiental y del documento inicial del proyecto por parte del 
  promotor ante el órgano que determine cada comunidad autónoma y 
  este, una vez mostrada su conformidad con los documentos, los 
  enviará al órgano ambiental. En aquellos proyectos en los que 
  corresponda a la Administración General del Estado su 
  autorización o aprobación, la documentación a que se refiere 
  este apartado se presentarán ante el órgano sustantivo. 
Este documento inicial del proyecto se correspondería con lo que 
  el R.D. 1131/88 llamaba Memoria-resumen. Se trata de un 
  documento breve, en el que se informa de las características 
  más relevantes del proyecto a realizar, principales 
  alternativas, potenciales impactos y un diagnóstico territorial 
  y del entorno afectado por el proyecto (Ley 21/2013, Art. 
  34.2). 

2. A la vista de este documento inicial, el órgano ambiental, 
  consultará a las Administraciones públicas afectadas por el 
  proyecto y, además, podrá ampliar sus consultas a personas, 
  especialistas u organizaciones vinculadas a la protección del 
  medio ambiente ((Ley 21/2013, Art. 34.3). Esta fase recibe el 
  nombre de «scoping». 

3. Recibidas las contestaciones se comunicará al titular del 
  proyecto el contenido de aquéllas, así como los aspectos más 
  significativos que deben tenerse en cuenta en la realización 
  del estudio de impacto ambiental . 

4. Una vez redactado y presentado, el estudio de impacto 
  ambiental será sometido al trámite de información pública, bien 
  junto al proyecto, si este, por su naturaleza exigiera este 
  trámite de información pública, o bien de forma aislada, si la 
  legislación de aplicación al proyecto no lo exigiera. 
El órgano sustantivo informará al público de los aspectos 
  relevantes relacionados con el procedimiento de autorización 
  del proyecto. (Ley 21/2013, Art. 36). 

5. El órgano sustantivo remitirá el expediente al órgano 
  medioambiental, acompañado, en su caso, de las observaciones 
  que estime oportunas, al objeto de que éste formule una 
  Declaración de Impacto (DIA), en la que se determine las 
  condiciones que deberán cumplirse a la hora de ejecutar el 
  proyecto con el fin de proteger el medio ambiente (Ley 21/2013, 
  Art. 39.3). 

6. La declaración de impacto ambiental determinará, únicamente a 
  efectos ambientales, la conveniencia o no de realizar el 
  proyecto, y en caso afirmativo fijará las condiciones en que 
  debe realizarse –condicionado ambiental–. 
El proceso de evaluación del impacto ambiental para los proyectos 
  recogidos en el Anexo II de la Ley no comienza hasta la 
  determinación, por parte de órgano ambiental, de la necesidad 
  de realizar dicho proceso al considerarse que puede haber 
  impactos significativos.



La evaluación de impacto ambiental de proyectos finalizará con la 
emisión de la Declaración de Impacto Ambiental por el órgano 
ambiental, la cual se hará pública. Esta declaración podrá ser 
positiva o negativa. 

1.3 Marco Legal de la EIA

1.3.1 Legislación Comunitaria

La Directiva del Consejo 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (D.O.C.E. 
núm. 175, de 5 de julio de 1985) es el marco referencial a tener 
en consideración. La Directiva aporta una idea básica: que la 
evaluación del impacto ambiental es una especie de procedimiento 
de cooperación tripartito, que requiere la participación del 
titular del proyecto, de la Administración, y del público en 
general, y establecía la existencia de unos determinados tipos de 
proyectos -9 tipos-, recogidos en su Anexo I, los cuales estaban 
obligados a someterse a este procedimiento. Igualmente establecía 
una segunda lista de proyectos –un total de 82-, los recogidos en 
el Anexo II, también podrán verse sujetos. 

Los Estados miembros determinarían, bien mediante un estudio caso 
por caso, o bien mediante umbrales o criterios establecidos por 
el Estado miembro si el proyecto será objeto de una evaluación de 
impacto ambiental. Los Estados miembros “podrán” decidir la 
aplicación de ambos procedimientos La Directiva 85/337/CEE obligó 
a los estados miembros a adoptar las medidas de adaptación al 
Derecho interno antes del 3 de Julio de 1988, momento en el que 
transcurrían los tres años para su cumplimiento de acuerdo con su 
Art. 12.1. 

El paso del tiempo demostró que las imperfecciones y deficiencias 
de la Directiva 85/337/CEE eran una carga excesiva para que la 
evaluación de impacto ambiental se convirtiera en la útil 
herramienta que se pretendía que fuera, pero quedó claro que 
había constituido el primer, e importante paso en la implantación 
de un potente instrumento de integración ambiental en la Unión 
Europea. 



La importancia de esta Directiva hizo que la Comisión se 
decidiera a realizar su reforma, que se materializó en la 
Directiva del Consejo 97/11/CE, de 3 de Marzo, (D.O.C.E. núm. L 
73/5, de 14 de Marzo de 1997), por la que se modifica la 
Directiva 85/337/CEE. Esta Directiva introdujo cuatro 
modificaciones fundamentales sobre la anterior: 

1. Amplía sustancialmente el anexo I (proyectos sujetos a 
  evaluación de impacto obligatoria), al mencionar 21 categorías 
  de proyectos en vez de los nueve relacionados en la Directiva 
  85/337/CEE. 

2. Debido a los obstáculos que la mayor parte de los países 
  miembros opusieron a la aplicación, haciendo un uso desmedido 
  de las imprecisiones de los mismos, modifica el Art. 4, con la 
  introducción de un procedimiento que, basándose en los 
  criterios de selección del anexo III, permita determinar si un 
  proyecto del anexo II debe ser objeto de evaluación mediante un 
  estudio caso por caso o mediante umbrales o criterios fijados 
  por los Estados miembros. 

3. Introduce un Art. 5, posibilitando que, si el promotor o 
  titular del proyecto lo solicita, la autoridad competente 
  facilite su opinión sobre el contenido y alcance de la 
  información que aquél debe suministrar, de forma que antes de 
  iniciar el procedimiento de evaluación , el promotor conozca 
  cual es la posición de la Administración en relación con la 
  información que debe acompañar la solicitud de autorización, de 
  forma que éste pueda recabar la documentación precisa o 
  redactar los documentos necesarios para ello. 

4. Incorpora a la legislación comunitaria, por lo que se refiere 
  a las relaciones entre Estados miembros, las principales 
  disposiciones del Convenio sobre Evaluación de Impacto en el 
  Medio Ambiente en un contexto transfronterizo, hecho en Espoo 
  (Finlandia) y ratificado por España el 1 de septiembre de 1997. 



El principal objetivo de estas modificaciones es eliminar las 
incertidumbres que diera haber sobre la trasposición del anexo 
II, al confirmar que un estado no puede eximir por anticipado del 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental a bloques o 
grupos enteros de proyectos incluidos en el citado anexo. 

Por ello, de no establecerse criterios para determinar si es, o 
no, necesario la realización de dicho proceso, el estudio deberá 
hacerse caso por caso. Además la nueva Directiva enlaza con la 
Directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre de 1996, relativa al 
Control Integrado de la Contaminación, indicando que los Estados 
miembros podrán establecer un procedimiento único para cumplir 
los requisitos de ambas directivas. 

1.3.2 Legislación Nacional



La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, reúne 
en un único texto el régimen jurídico de la evaluación de planes, 
programas y proyectos, y establece un conjunto de disposiciones 
comunes que aproximan y facilitan la aplicación de ambas 
regulaciones.



Esta ley pretende ser un instrumento eficaz para la protección 
medioambiental, por lo que se propone simplificar el 
procedimiento de evaluación ambiental, incrementar la seguridad 
jurídica de los operadores, y en íntima relación con este último 
fin, lograr la concertación de la normativa sobre evaluación 
ambiental en todo el territorio nacional.

• Se unifican en una sola norma dos disposiciones: la Ley 9/2006, 
  de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
  planes y programas en el medio ambiente y el Real Decreto 
  Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 
  texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
  proyectos y modificaciones posteriores al citado texto 
  refundido.

• Establece un esquema similar para ambos procedimientos 
  –evaluación ambiental estratégica y evaluación de impacto 
  ambiental– y unifica la terminología.

• Incrementa la seguridad jurídica de los promotores. El 
  establecimiento de unos principios a los que debe someterse la 
  evaluación ambiental y el llamamiento a la cooperación en el 
  marco de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente determinará 
  el desarrollo de una legislación homogénea en todo el 
  territorio nacional, que permitirá a los promotores conocer de 
  antemano cuáles serán las exigencias legales de carácter 
  medioambiental requeridas para la tramitación de un plan, un 
  programa o un proyecto, con independencia del lugar donde 
  pretenda desarrollarlo. 

• Tanto para la evaluación ambiental estratégica como para la de 
  impacto ambiental se diseñan dos procedimientos: el ordinario y 
  el simplificado.

• Se establecen los siguiente plazos máximos: evaluación 
  estratégica ordinaria: veintidós meses, prorrogable por dos 
  meses más por razones justificadas debidamente motivadas; 
  evaluación ambiental estratégica simplificada: cuatro meses; 
  evaluación de impacto ambiental ordinaria: cuatro meses, 
  prorrogable por dos meses más por razones justificadas 
  debidamente motivadas; y evaluación de impacto ambiental 
  simplificada: tres meses.

Debe tenerse en cuenta que esta ley afecta únicamente a la 
evaluación de impacto ambiental en el ámbito de la Administración 
General del Estado, por lo que no tiene carácter básico, salvo 
algunos aspectos, que sí constituyen legislación básica sobre 
protección del medio ambiente. 

1.3.3 Legislación autonómica



Las Comunidades Autónomas poseen competencias para desarrollar la 
legislación básica estatal, y establecer normas adicionales de 
protección en materia de medio ambiente. Este triple 
ordenamiento, representado por la legislación comunitaria, la 
nacional y la autonómica debe entenderse como un triple círculo 
concéntrico, cada vez más intenso y exigente, a partir de «
mínimos», primero europeo y luego estatal. 



El esquema de competencias en materia de medio ambiente se 
configura de una forma coincidente para todas las comunidades 
autónomas, correspondiendo al Estado la legislación básica, y a 
las comunidades autónomas el desarrollo y la ejecución, pudiendo 
estas establecer normas adicionales de protección. 



La excesiva proliferación de definiciones para concretar los 
proyectos que deben someterse al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental existente en la legislación autonómica complica 
considerablemente la ejecución del proceso de evaluación para los 
profesionales que tienen que trabajar en distintas comunidades 
autónomas. 

Esta proliferación de definiciones tiene una pretendida «
precisión técnica» que no se corresponde con una definición 
objetiva de los parámetros ecológicos y sociales que son los que 
determinan realmente los problemas ambientales. 



La administración estatal responsable de medioambiente, en Enero 
de 2009 constataba que seguía existiendo falta de homogeneidad en 
la normativa, al analizar la legislación autonómica sobre 
Evaluación de Impacto Ambiental para determinados tipo de 
proyectos: «Las comunidades autónomas del Principado de Asturias, 
Valencia, Región de Murcia, Cataluña y Canarias no establecen 
especificaciones concretas en cuanto a la realización de dragados 
o extracciones, por lo que la evaluación de impacto ambiental en 
estas comunidades se realizará de acuerdo con la legislación 
estatal básica. En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no 
existe legislación de ámbito autonómico en materia de evaluación 
de impacto ambiental, por lo que el marco también es el estatal. 
Galicia, Cantabria y Baleares en cambio establecen la 
obligatoriedad de realizar estudio de impacto ambiental a todos 
los dragados y extracciones marinas, con independencia del 
volumen anual a extraer. El País Vasco en su legislación sobre 
impacto ambiental, no especifica procedimiento para la extracción 
de sedimentos marinos, aunque sí que incluye la obligatoriedad de 
realizar estudios de impacto ambiental de proyectos de 
conservación y regeneración en el dominio público marítimo 
terrestre. La comunidad autónoma de Andalucía, recoge las mismas 
especificaciones para los dragados que en la legislación estatal, 
aunque el procedimiento se denomina “autorización ambiental 
unificada”. Y a diferencia de ésta, no existe la consulta, caso a 
caso, para los proyectos incluidos en el anejo II». 

La situación también se reflejaba claramente en el siguiente 
párrafo recogido en las conclusiones sobre el ámbito normativo de 
la Conferencia Nacional de Evaluación Ambiental de 2006: «Existe 
una apreciable falta de homogeneidad en la normativa de 
evaluación ambiental de las comunidades autónomas, que aún 
encontrándose dentro del marco de la legislación básica estatal, 
presenta numerosas diferencias, sobre todo en el contenido de los 
diferentes anejos y en los procedimientos especiales, cuya 
justificación y utilidad no resultan evidentes. Esta 
heterogeneidad causa dificultades a los promotores y consultores 
que operan en varias Comunidades Autónomas». 



1.3.4 Procedimiento de EIA

Este procedimiento, y tal como lo describe la Ley 21/2013[3], 
debe dividirse a su vez en otros dos procedimientos: 



• Procedimiento ordinario de evaluación de impacto ambiental, que 
  se aplica a los proyectos enumerados en el anexo I. 

• Evaluación de impacto ambiental simplificada, a la que se 
  someterán los proyectos comprendidos en el anexo II, y los 
  proyectos que no estando incluidos en el anexo I ni en el anexo 
  II puedan afectar directa o indirectamente a los espacios Red 
  Natura 2000.



Dado que el segundo es una ampliación del primero, explicaremos 
el primero para posteriormente realizar un añadido referente al 
procedimiento simplificado. 

Con anterioridad se ha dicho que la evaluación de impacto 
ambiental de proyectos comprende las siguientes actuaciones: 



1. Solicitud por el promotor ante el órgano sustantivo de 
  sometimiento del proyecto a evaluación de impacto ambiental, 
  acompañada del documento inicial del proyecto. 

2. Determinación del alcance del estudio de impacto ambiental por 
  el órgano ambiental, previa consulta a las administraciones 
  públicas afectadas y, en su caso, a las personas interesadas. 

3. Elaboración del estudio de impacto ambiental por el promotor 
  del proyecto. 

4. Evacuación del trámite de información pública y de consultas a 
  las Administraciones públicas afectadas y a personas 
  interesadas, por el órgano sustantivo. 

5. Declaración de impacto ambiental emitida por el órgano 
  ambiental, que se hará pública y finalizará la evaluación. 





El procedimiento propiamente dicho se inicia cuando el órgano 
sustantivo remite al órgano ambiental el expediente completo, que 
incluye el proyecto, el estudio de impacto ambiental y el 
resultado de la información pública y de las consultas a las 
administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. 
No obstante, con carácter previo al procedimiento, deben 
efectuarse una serie de trámites, algunos obligatorios y otros de 
carácter potestativo:

1. El primero de estos trámites previos es la determinación del 
  alcance del estudio de impacto ambiental que, como novedad en 
  esta ley, tendrá carácter voluntario para el promotor, como se 
  contempla en la Directiva 2011/92/UE, del Parlamento Europeo y 
  del Consejo, de 13 de diciembre.

2. A continuación, y una vez que el promotor ha elaborado el 
  estudio de impacto ambiental, el órgano sustantivo debe 
  realizar, en esta ocasión con carácter obligatorio, los 
  trámites de información pública y de consultas a las 
  administraciones afectadas y a las personas interesadas. La ley 
  establece, por primera vez, que tendrán carácter preceptivo, el 
  informe del órgano con competencias en materia de medio 
  ambiente de la comunidad autónoma, el informe del organismo de 
  cuenca, el informe sobre patrimonio cultural y, en su caso, el 
  informe sobre dominio público marítimo terrestre.

La evaluación de impacto ambiental ordinaria propiamente dicha se 
desarrolla en tres fases: 

1. Solicitud de inicio.

2. Análisis técnico del expediente de impacto ambiental.

3. Declaración de impacto ambiental.





Los plazos para cada una de las fases, en el caso de proyectos en 
la Administración General del Estado son los siguientes: 



  Actuaciones previas:

• 3 meses, desde la recepción de la solicitud y documentación 
  inicial por el órgano ambiental hasta el traslado al promotor 
  de la amplitud y nivel de detalle del EsIA, así como las 
  contestaciones recibidas a las consultas efectuadas. 

• 1 año máximo para presentar ante el órgano sustantivo el 
  estudio de impacto ambiental por parte del promotor.

• 30 días mínimo en los que el órgano sustantivo someterá a 
  información pública el proyecto y el estudio de impacto 
  ambiental.


  Los trámites de información pública y de consultas tendrán una 
  vigencia de un año desde su finalización. Transcurrido este 
  plazo sin que se haya iniciado la evaluación de impacto 
  ambiental ordinaria, el órgano sustantivo declarará la 
  caducidad de los citados trámites.

• 30 días hábiles máximo en para que las Administraciones 
  públicas afectadas y las personas interesadas emitan los 
  informes y formulen las alegaciones que estimen pertinentes.


  La consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las 
  personas interesadas es realizada de forma simultánea al 
  trámite de información pública.

• 30 días hábiles máximo para que el órgano sustantivo remita al 
  promotor los informes y alegaciones recibidas para su 
  consideración en la redacción, en su caso, de la nueva versión 
  del proyecto y en el estudio de impacto ambiental.

  Evaluación de impacto ambiental ordinaria:

• 4 meses (prorrogable por 2 meses adicionales debido a razones 
  justificadas, debidamente motivadas), contados desde la 
  recepción completa del expediente de impacto ambiental por 
  parte del órgano ambiental.





[flotante Figura:
<Archivo gráfico: F:/UR/libros/Proyectos (GI)/SVN/Lecciones/L03/imagenes/proceso_EIA_v2.pdf>

[Figura 1.1: 
Esquema del Proceso de EIA
]


]

A continuación iremos detallando cada una de estas fases:

1.3.5 Solicitud de elaboración del documento de alcance del EsIA

El promotor podrá solicitar, de conformidad con el artículo 34 de 
la Ley 21/2013, que el órgano ambiental elabore el documento de 
alcance del estudio de impacto ambiental. 



La solicitud se acompañará de un documento inicial del proyecto 
con, al menos, el siguiente contenido: 

1. La definición, características y ubicación del proyecto.

2. Las principales alternativas que se consideran y un análisis 
  de los potenciales impactos de cada una de ellas.

3. Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por 
  el proyecto.



En el caso de pretender realizar una solicitud de inicio de 
evaluación de impacto ambiental simplificada (proyectos 
comprendidos en el anexo II, y los proyectos que no estando 
incluidos en el anexo I ni en el anexo II puedan afectar directa 
o indirectamente a los espacios Red Natura 2000), dicha solicitud 
irá acompañada de un documento ambiental del proyecto con, al 
menos, el siguiente contenido:



1. La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación 
  de impacto ambiental simplificada.

2. La definición, características y ubicación del proyecto.

3. Una exposición de las principales alternativas estudiadas y 
  una justificación de las principales razones de la solución 
  adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales.

4. Una evaluación de los efectos previsibles directos o 
  indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la 
  población, la salud humana, la flora, la fauna, la 
  biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, los factores 
  climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bienes 
  materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción 
  entre todos los factores mencionados, durante las fases de 
  ejecución, explotación y en su caso durante la demolición o 
  abandono del proyecto.


  Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los 
  espacios Red Natura 2000 se incluirá un apartado específico 
  para la evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo 
  en cuenta los objetivos de conservación del espacio.

5. Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en 
  la medida de lo posible, corregir, cualquier efecto negativo 
  relevante en el medio ambiente de la ejecución del proyecto.

6. La forma de realizar el seguimiento que garantice el 
  cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y 
  correctoras contenidas en el documento ambiental.



El órgano que reciba la solicitud deberá pronunciarse sobre la 
necesidad de que el proyecto se someta o no a evaluación de 
impacto ambiental en el plazo que determine la comunidad 
autónoma.

El órgano ambiental formulará el «informe de impacto ambiental» 
en el plazo de tres meses contados desde la recepción de la 
solicitud de inicio y de los documentos que la deben acompañar. 
En dicho informe podrá determinar que:

• El proyecto debe someterse a una evaluación de impacto 
  ambiental ordinaria por tener efectos significativos sobre el 
  medio ambiente. En este caso, el promotor elaborará el estudio 
  de impacto ambiental conforme al artículo 35 de la Ley 21/2013.


  Para ello, el promotor podrá solicitar al órgano ambiental el 
  documento de alcance del estudio de impacto ambiental en los 
  términos del artículo 34.

• El proyecto no tiene efectos significativos sobre el medio 
  ambiente, en los términos establecidos en el informe de impacto 
  ambiental.

  El documento inicial del proyecto 



Este primer documento tiene por objeto facilitar la información 
suficiente sobre las características generales del proyecto, así 
como los efectos previstos sobre el medio ambiente, para que el 
órgano ambiental competente determine el alcance del Estudio de 
Impacto Ambiental. 

Este documento es un documento breve y sencillo que recoge las 
características más significativas del proyecto a realizar, copia 
de la cual remitirá asimismo al órgano con competencia 
sustantiva. Este documento no podrá descender a tal grado de 
detalle que agote técnicamente la actividad u obra a realizar. 

En cuanto al escrito de comunicación, el interesado puede verter 
en él todo tipo de cuestiones, dudas o peticiones de información 
adicional que estime convenientes, y que cuya contestación por 
parte de la autoridad ambiental será obligatoria. 



Aquí se presenta, a modo de ejemplo, un posible índice para este 
documento, para un proyecto eminentemente industrial: 

1. INTRODUCCIÓN Breve descripción de la empresa que promueve la 
  instalación, así como del campo industrial en el que realiza su 
  labor. 

2. OBJETIVOS A ALCANZAR Explicación de los objetivos a lograr con 
  la instalación de la planta: mejoras medioambientales, 
  producción total estimada, etc. 

3. ALTERNATIVAS PARA EL PROCESO Descripción de las posibles 
  alternativas tecnológicas utilizadas en procesos similares al 
  que nos ocupa. 

4. PROCESO ADOPTADO Descripción del proceso adoptado, incluyendo 
  esquemas, dibujos o gráficos para una más fácil interpretación. 
  Se recomienda descomponer en proceso en secciones justificando 
  los balances de masa y energía de cada sección significativa e 
  includir, si procede, los diagramas P&ID pertinentes. 

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS Descripción de los productos 
  obtenidos en el proceso 

6. RESIDUOS Y EFLUENTES Descripción de los residuos sólidos, y de 
  los efluentes tanto líquidos como gaseosos 


  a) Residuos sólidos

  b) Efluentes 

  c) Emisiones 

7. BALANCE DE PRODUCTOS Y RESIDUOS Indicación de la producción 
  total anual, así como el porcentaje que representa cada 
  producto o residuo sobre un 100% de materias primas. Se 
  incluirán los procesos de gestión de los mismos, así como los 
  referenciales que sean de aplicación.

8. IMPLANTACIÓN Indicación de la situación de los terrenos donde 
  se pretende implantar la instalación, acompañándolo de planos a 
  diferentes escalas (plano general, plano de localización 
  particular de la instalación, etc.) 

9. INSTALACIONES Y EQUIPOS Descripción de las instalaciones y 
  equipos con que contará la instalación, incluyendo dentro de 
  este punto, tanto la obra civil, como equipos auxiliares. 

10. INNOVACIONES Y VENTAJAS DEL PROYECTO 

11. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

12. PLANOS Y ESQUEMAS 

13. REFERENCIAS

Evidentemente este esquema debe ser considerado únicamente como 
referente en el caso de que sea de aplicación la existencia de un 
proceso productivo susceptible de generear residuos que supongan 
alteración ambiental.

1.3.6 Determinación del alcance del EsIA

Constituye uno de los trámites más relevantes dentro de esta fase 
preliminar, ya que es aquí donde el órgano ambiental forma su 
juicio de opinión respecto a las alternativas a considerar, los 
factores ambientales a analizar, el grado de profundidad en cada 
uno de ellos, y la oportunidad o no de realizar la EIA. 



Para la elaboración del documento de alcance del estudio de 
impacto ambiental, el órgano ambiental consultará a las 
Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, 
los cuales deberán pronunciarse en el plazo máximo de treinta 
días hábiles desde la recepción de la documentación.

Los consultados son mayoritariamente administraciones públicas, 
las ONGs, y los organismos autonómicos. 



Una vez recabada esta información, y determinadas las 
alternativas a considerar, corresponde al órgano ambiental 
remitir su opinión sobre el proyecto al promotor en el plazo 
máximo de tres meses. Esta fase es la que se conoce como «scoping»
, y las respuestas a las consultas deben ser tenidas en cuenta 
por el promotor a la hora de redactar el estudio de impacto 
ambiental. 

1.3.7 Elaboración del EsIA

Los proyectos que hayan de someterse a evaluación de impacto 
ambiental deberán incluir un estudio de impacto ambiental, cuya 
amplitud y nivel de detalle se determinará previamente por el 
órgano ambiental. Dicho estudio contendrá, al menos, los 
siguientes datos: 



• Descripción general del proyecto y previsiones en el tiempo 
  sobre la utilización del suelo y de otros recursos naturales. 
  Estimación de los tipos y cantidades de residuos vertidos y 
  emisiones de materia o energía resultantes.

• Exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida 
  la alternativa cero, o de no realización del proyecto, y una 
  justificación de las principales razones de la solución 
  adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales.

• Evaluación y, si procede, cuantificación de los efectos 
  previsibles directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos 
  del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la 
  fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el 
  subsuelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio 
  climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el 
  patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores 
  mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y en 
  su caso durante la demolición o abandono del proyecto.


  Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los 
  espacios Red Natura 2000 se incluirá un apartado específico 
  para la evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo 
  en cuenta los objetivos de conservación del espacio.

• Medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, 
  compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.

• Programa de vigilancia ambiental.

• Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente 
  comprensibles.



La Administración pondrá a disposición del promotor los informes 
y cualquier otra documentación que obre en su poder cuando 
resulte de utilidad para la realización del estudio de impacto 
ambiental.

El EsIA debe contener un estudio de línea de base o diagnóstico 
socio-ambiental, que consiste en un diagnóstico situacional que 
se realiza para determinar las condiciones ambientales de un área 
geográfica antes de ejecutarse el proyecto, incluye todos los 
aspectos bióticos, abióticos y socio-culturales del ecosistema. 
Se trata de realizar un inventario detallado del componente 
biótico y definición o caracterización del componente abiótico. 
En el procedimiento español esta etapa suele denominarse «
Caracterización del Medio» o «Inventario del Medio».

1.3.8 Trámite de información pública

Uno de los pilares del procedimiento de evaluación del impacto 
ambiental es la incorporación de la opinión pública y sus 
valores. La legislación concede una participación activa a los 
agentes sociales implicados en el proceso, ya desde el inicio del 
estudio de impacto ambiental en diferentes fases, a saber:



• en la fase de consultas, y posteriormente 

• en la fase de información pública previa a la aprobación 
  ambiental por parte del órgano competente. 



La ley establece que el estudio de impacto se someterá a 
información pública durante un plazo no inferior a treinta días, 
previo anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o diario 
oficial que corresponda y, en su caso, en la sede electrónica del 
órgano sustantivo.

Para la realización práctica del trámite es suficiente el 
cumplimiento de los requisitos de contenido, lugar y plazo 
señalados por la normativa de EIA, no siendo admisibles, 
generalmente, los recursos interpuestos contra la tramitación del 
EsIA basándose en argumentos tales como local de exposición al 
público poco adecuado, horario de exposición escaso, plazo 
excesivamente breve para estudiar un proyecto tan amplio, etc.

Si el proyecto, por Ley, tal como sucede en los proyectos de 
carreteras o puertos, ha de ser sometido a información pública, 
el estudio de impacto, y el proyecto (generalmente el estudio 
informativo) son sometidos de forma conjunta para evitar retrasos 
e incoherencias. Si por Ley, el proyecto no requiere este 
trámite, entonces se expone a información pública sólo el estudio 
de impacto ambiental. 



En el anuncio del inicio de la información pública el órgano 
sustantivo, o en caso el órgano ambiental, incluirá un resumen 
del procedimiento de autorización del proyecto, que contendrá, 
como mínimo, la siguiente información:

1. Indicación de que el proyecto está sujeto a evaluación de 
  impacto ambiental ordinaria, así como de que, en su caso, puede 
  resultar de aplicación lo previsto en el capítulo III de este 
  título en materia de consultas transfronterizas.

2. Identificación del órgano competente para autorizar el 
  proyecto o, en el caso de proyectos sometidos a declaración 
  responsable o comunicación previa, identificación del órgano 
  ante el que deba presentarse la mencionada declaración o 
  comunicación previa; identificación de aquellos órganos de los 
  que pueda obtenerse información pertinente y de aquellos a los 
  que puedan presentarse alegaciones, así como del plazo 
  disponible para su presentación.



En el plazo máximo de treinta días hábiles desde la finalización 
de los trámites de información pública y de consultas a las 
administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, 
el órgano sustantivo remitirá al promotor los informes y 
alegaciones recibidas para su consideración en la redacción, en 
su caso, de la nueva versión del proyecto y en el estudio de 
impacto ambiental.

Si durante el análisis técnico del expediente, el órgano 
ambiental concluyera que es necesaria información adicional 
relativa al estudio de impacto ambiental o que el promotor no ha 
tenido en cuenta las alegaciones recibidas durante el trámite de 
información pública le requerirá, informando de ello al órgano 
sustantivo, para que complete la información que sea 
imprescindible para la formulación de la declaración de impacto 
ambiental. Esta solicitud suspende el plazo para la formulación 
de la declaración de impacto ambiental.

Si transcurridos tres meses el promotor no hubiera remitido la 
información requerida o, una vez presentada, esta fuera 
insuficiente, el órgano ambiental dará por finalizada la 
evaluación de impacto ambiental ordinaria, notificando al 
promotor y al órgano sustantivo la resolución de terminación. 

1.3.9 Declaración de impacto ambiental (DIA)

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) es la respuesta del 
órgano ambiental al Estudio de Impacto Ambiental presentado por 
la Propiedad.

Una vez finalizado el análisis técnico del expediente de 
evaluación de impacto ambiental, el órgano ambiental formulará la 
declaración de impacto ambiental, la cual tendrá la naturaleza de 
informe preceptivo y determinante, y determinará si procede o no, 
a los efectos ambientales, la realización del proyecto y, en su 
caso, las condiciones en las que pueden desarrollarse, las 
medidas correctoras y las medidas compensatorias. 

En el plazo de quince días desde que adopte la decisión de 
autorizar o denegar el proyecto, el órgano sustantivo remitirá al 
«Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente, 
para su publicación, un extracto del contenido de dicha decisión. 
Asimismo publicará en su sede electrónica la decisión sobre la 
autorización o denegación del proyecto y una referencia al 
«Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente en 
el que se publicó la declaración de impacto ambiental.



En la DIA son tres las decisiones que deben adoptar el órgano 
ambiental: 

• La viabilidad ambiental. 

• El establecimiento del condicionado ambiental.

• El seguimiento de las actuaciones conforme con el programa de 
  vigilancia ambiental. 



La DIA del proyecto o actividad caducará si, una vez publicada en 
el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente, 
no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en 
el plazo de cuatro años. En tales casos, el promotor deberá 
iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental 
del proyecto, salvo que se acuerde la prórroga de la vigencia de 
la declaración de impacto ambiental en los términos previstos en 
los siguientes apartados.

Un aspecto que no deja de sorprender en las DIAs publicadas es el 
elevado número de medidas correctoras adicionales que acostumbra 
a exigir al promotor. No debería ser esta la función de la DIA. 
Así, por ejemplo, en una DIA correspondiente a un vertedero de 
residuos sólidos urbanos –un tipo de proyecto sobradamente 
conocido por los técnicos– se dan 51 medidas adicionales, lo que 
parece excesivo. Este elevado número de recomendaciones pudiera 
ser un indicativo de la escasa calidad del Plan de Vigilancia 
Ambiental presentado. 

Otro aspecto a considerar es la naturaleza jurídica de la DIA. Ni 
la normativa europea ni la estatal explican la naturaleza de la 
DIA, si bien parecen apuntar hacia un informe o dictamen a 
realizar por el órgano ambiental, y a remitir al órgano 
sustantivo con carácter previo a la decisión final sobre la 
realización del proyecto. Sin embargo, la legislación autonómica 
va desde la configuración como informe, a considerarla un 
dictamen vinculante que pudiera ser impugnada. Así la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 2009, que sigue la doctrina 
ya establecida en su Sentencia de 17 de noviembre de 1998, ha 
dictaminado que el procedimiento de EIA es un acto de trámite que 
se integra en otros procedimientos sustantivos y que la DIA, por 
la que se resuelve este acto de trámite, no sería susceptible de 
recurso de modo autónomo, sino sólo a través del recurso que 
corresponda contra la resolución final que dicte el órgano 
sustantivo resolviendo dichos procedimientos.

1.3.10 Publicidad de la DIA



La decisión sobre la autorización o aprobación del proyecto será 
hecha pública por el órgano sustantivo que la haya adoptado, el 
cual pondrá a disposición del público la siguiente información: 

• La identificación del promotor del proyecto y del órgano 
  sustantivo, y la descripción del proyecto.

• El resumen del resultado del trámite de información pública y 
  de las consultas a las Administraciones públicas afectadas y a 
  las personas interesadas, y cómo se han tenido en 
  consideración.

• El resumen del análisis técnico realizado por el órgano 
  ambiental.

• Si proceden, las condiciones que deban establecerse y las 
  medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, 
  compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.

• Las medidas compensatorias que deban establecerse en caso de 
  concurrir las circunstancias previstas en el artículo 45 de la 
  Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la 
  Biodiversidad.

• El programa de vigilancia ambiental.

• Si procede, la creación de una comisión de seguimiento.

• En caso de operaciones periódicas, la motivación de la decisión 
  y el plazo a que se refiere la disposición adicional décima.



1.3.11 Resolución de discrepancias

En el supuesto de que existan discrepancias entre el órgano 
sustantivo y el órgano ambiental sobre el contenido de la 
declaración ambiental estratégica, de la declaración de impacto 
ambiental, o en su caso, del informe ambiental estratégico, o del 
informe de impacto ambiental resolverá según la Administración 
que haya tramitado el expediente, el Consejo de Ministros o el 
Consejo de Gobierno u órgano que la comunidad autónoma determine.

1.3.12 Seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la DIA 

Corresponde al órgano sustantivo o a los órganos que, en su caso, 
designen las comunidades autónomas respecto de los proyectos que 
no sean de competencia estatal, el seguimiento del cumplimiento 
de la declaración de impacto ambiental o del informe de impacto 
ambiental.

1.4 Infracciones



Dentro del capítulo II del título III se recogen las 
características del régimen sancionador mediante la tipificación 
de una serie de infracciones en materia de evaluación del impacto 
ambiental, las cuales pueden ser muy graves, graves y leves, 
además de indicar la cuantía de las sanciones asociada a cada 
tipo de infracción[4].



Son infracciones muy graves: 

• El inicio de la ejecución de un proyecto, incluidos los sujetos 
  a declaración responsable o comunicación previa, sometido a 
  evaluación de impacto ambiental ordinaria sin haber obtenido 
  previamente la correspondiente declaración de impacto 
  ambiental.

Son infracciones graves: 

• El inicio de la ejecución de un proyecto, incluidos los sujetos 
  a declaración responsable o comunicación previa, sometido a 
  evaluación de impacto ambiental simplificada sin haber obtenido 
  previamente el informe de impacto ambiental.

• La ocultación de datos, su falseamiento o manipulación 
  maliciosa en el procedimiento de evaluación.

• El incumplimiento de las condiciones ambientales, de las 
  medidas correctoras o compensatorias establecidas en la 
  declaración de impacto ambiental e incluidas en la resolución 
  que aprueba o autoriza finalmente el proyecto, o el 
  incumplimiento de las condiciones ambientales establecidas en 
  el informe ambiental, e incluidas en la resolución que aprueba 
  o autoriza finalmente el proyecto o, en su caso, en la 
  declaración responsable o comunicación previa del proyecto.

• El incumplimiento del requerimiento acordado por la 
  Administración para la suspensión de la ejecución del proyecto.

Es infracción leve el incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones o requisitos contenidos en la Ley 21/2013, cuando no 
esté tipificado como muy grave o grave.

Estos tipos de infracción, darán lugar a la imposición de las 
siguientes sanciones económicas, sin perjuicio de las 
competencias de las comunidades autónomas en la materia: 

• En el caso de infracción muy grave: multa desde 240.401 hasta 
  2.404.000 euros.

• En el caso de infracciones graves: multa desde 24.001 hasta 
  240.400 euros.

• En el caso de infracciones leves: multa de hasta 24.000 euros.

En el artículo 19 se dice que «podrán ser sancionados por los 
hechos constitutivos de las infracciones administrativas 
reguladas en este capítulo los promotores de proyectos que tengan 
la condición de persona física o jurídica privada que resulten 
responsables de los mismos». Además, el punto 2 del artículo 59 
aclara que «una vez iniciado el procedimiento sancionador, el 
órgano competente para resolver, de oficio o a requerimiento del 
órgano ambiental, podrá en cualquier momento y mediante acuerdo 
motivado, acordar la suspensión de la ejecución del proyecto y 
adoptar otras medidas de carácter provisional que aseguren la 
eficacia de la resolución final que pudiera recaer».

1.5 El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)

Como ya se ha dicho repetidamente, la legislación estatal 
determina el contenido mínimo del EsIA. Este contenido mínimo 
tiene dos aspectos a considerar: 



1. El EsIA es un documento dentro de la EIA, por lo que debe 
  atender a su finalidad, es decir, su contenido debe ser tal que 
  permita la realización de la evaluación ambiental 

2. La normativa fija un determinado contenido mínimo necesario 
  que es obligatorio incorporar al estudio. Este contenido mínimo 
  puede ser intensificado por normas más severas fijadas por la 
  legislación autonómica. Dicho de otro modo, no puede ser 
  sustituido por otro documento de menor contenido o finalidad 
  distinta, de menor rigor y densidad.



El EsIA es un documento de carácter eminentemente técnico de 
enfoque medioambiental que se elabora siguiendo unos criterios 
científicos. Esto lleva a una preocupación sobre la calidad de 
estos estudios. 

La práctica demuestra que la calidad de numerosos estudios de 
impacto ambiental remitidos a las diferentes Administraciones no 
es la adecuada, y que numerosos impactos son analizados 
incorrectamente.



En un informe de la Comisión Europea, sobre la aplicación de la 
Directiva, se estima el porcentaje de EsIA que no alcanzan la 
calidad deseada en un 20% del total. Según la comisión, las 
deficiencias más comunes son la mediocre descripción del 
proyecto, la falta de profundidad en la selección de elementos 
más significativos, la consideración de las posibles medidas 
correctoras a nivel muy general sin su adecuada expresión técnica 
en planos o presupuesto.



Esta preocupación por la calidad ha hecho que determinadas 
normativas autonómicas establezcan disposiciones sobre el equipo 
que debe redactarlo, para asegurar su solvencia profesional, 
poniendo un especial énfasis en la calificación técnica, la 
imparcialidad y la integración pluridisciplinar. La Comunidad 
Autónoma de Castilla y León ha implantado un plan de acreditación 
personal para las personas que formen parte de un equipo 
encargado de la redacción del EsIA.

1.5.1 Descripción del Proyecto

Se trata de la descripción y análisis de las posibles causas de 
impacto, del análisis de los elementos o procesos del proyecto 
que pueden producir impactos, tanto durante la fase de 
construcción como durante la de operación. 

En especial se incluirá: 

• Localización del proyecto. 

• Acciones durante la construcción y durante la operación que 
  pudieran producir impacto sobre el medio ambiente. 

• Recursos utilizados –suelo a ocupar, agua, energía-, y otros 
  recursos naturales cuya eliminación o afectación se considera 
  necesaria para la ejecución del proyecto. 

• Tipos, cantidades y composición de los residuos vertidos, 
  emisiones o cualquier otro elemento derivado de la actuación, 
  tanto durante la ejecución como durante la fase de operación, y 
  en especial ruidos, vibraciones, olores, emisiones luminosas, 
  emisiones de partículas, etc. 

Determinados proyectos están obligados por Ley al trámite de 
información pública (p.e. los proyecto de carreteras). En tal 
caso, el Estudio de Impacto cumplirá con este trámite de forma 
simultánea con el proyecto. Sin embargo, cuando para el tipo de 
proyecto considerado, la Ley no prevé este trámite, este punto 
del Estudio cobra una especial importancia, ya que será, al no 
existir la posibilidad de consultar la documentación del 
proyecto, el encargado de describirlo, con el fin de permitir una 
mejor compresión y evaluación del Estudio presentado. 

1.6 Exposición de las principales alternativas estudiadas 



No siempre se cuenta con alternativas para comparar, pero siempre 
existe la alternativa «no hacer nada», o alternativa «0». 



Una vez valorados los impactos de cada alternativa, será 
necesario dar una idea del impacto conjunto de cada una de ellas 
para su comparación. El problema se presenta porque cada impacto 
vendrá dado en unidades que no son sumables entre sí (p.e. 
hectáreas de suelo afectado por el proyecto, y Kg de CO emitidos 
por su chimenea). Para solucionar este problema es necesario 
contemplar métodos de valoración que permitan evaluar los 
impactos en unidades homogéneas. 

Tras ello será necesario seleccionar la alternativa más adecuada, 
utilizando para ello algún tipo de metodología de decisión, ya 
sea ponderada, multicriterio, etc.

1.7 Evaluación de los efectos previsibles

En un estudio de impacto ambiental se deben identificar los 
elementos y procesos del proyecto que pueden alterar algún 
elemento del medio ambiente, analizando, fundamentalmente, las 
fases de construcción y operación. Una vez identificadas las 
acciones del proyecto, estas deben ser valoradas. 

El propio RD 1131/1988 recoge los puntos que debe incluir la 
descripción del proyecto y sus acciones: 



• Se incluirá la identificación y valoración de los efectos 
  notables previsibles de las actividades. 

• Esta identificación se derivará del estudio de las 
  interacciones entre las acciones derivadas del proyecto y las 
  características específicas de los aspectos ambientales 
  afectados. 

• Se distinguirán los efectos negativos de los positivos, los 
  temporales de los permanentes, los simples de los acumulativos 
  y sinérgicos, los directos de los indirectos, los reversibles 
  de los irreversibles, los recuperables de los irrecuperables, 
  los periódicos de los de aparición irregular, los continuos de 
  los discontinuos. 



Para poder valorar los efectos previsibles es preciso conocer 
cuál es el estado del entorno en las etapas pre-proyecto, en 
particular es preciso realizar la recopilación de toda la 
información necesaria para conocer el estado preoperacional del 
medio ambiente en la zona donde se localizará el proyecto.

Se deben cuidar los aspectos:

• EL MEDIO FÍSICO 


  – Climatología 

  – Atmósfera 

  – Ruidos 

  – Vegetación 

  – Fauna 

  – Espacios naturales 

  – Geología 

  – Geomorfología 

  – Riesgos geológicos 

  – Hidrología 

  – Hidrogeología 

  – Paisaje 

• MEDIO SOCIECONÓMICO E INSTITUCIONAL 


  – Demografía 

  – Empleo 

• PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 






1.8 Medidas previstas para reducir, eliminar o compensar el 
  impacto



Una buena parte de los impactos no deseables pueden evitarse o 
reducirse seleccionando adecuadamente la localización del 
proyecto, y algunos otros pueden ser evitados mediante una 
adecuada gestión ambiental de las obras. Muchos, sin embargo, 
exigen medidas de corrección o compensación, ya que no pueden ser 
evitados. 

En algunos casos, las alteraciones producidas por una actividad 
no tienen ningún tipo de corrección, en cuyo caso es necesario 
estudiar la posibilidad de adoptar medidas compensatorias que 
compensen la pérdida ecológica. 

Un aspecto a tener en cuenta a la hora de diseñar las medidas 
preventivas y correctoras es tener en cuenta que su efectividad 
siempre será mayor si su diseño se efectúa en paralelo y de forma 
coordinada con el proyecto, lo que favorecerá también un menor 
coste económico. 



Algunos autores son de la opinión de que el propio sistema ha 
absorbido el proceso de la determinación de las medidas 
correctoras, ya que hoy día, estas se integran en los propios 
proyectos como otro aspecto más del mismo. 

Las medidas preventivas y correctoras pueden contribuir a 
minimizar el impacto reduciéndolo hasta unos niveles aceptables, 
o a eliminar el impacto. 

Las medidas compensatorias, en cambio, solamente compensan el 
cambio que se produce mediante una mejora ambiental, que no tiene 
porqué efectuarse sobre el mismo componente ambiental que ha sido 
afectado. 

Estas medidas sólo deben disponerse cuando no existan 
alternativas, la afección sea significativa y deba realizarse la 
actuación por razones de interés público de primer orden 
establecido por el Consejo de Ministros de forma individual para 
dicha actuación. 

1.9 Programa de Vigilancia Ambiental

El principal objetivo del programa de vigilancia ambiental es 
establecer un sistema de control que llevará a cabo el 
seguimiento de la evolución de los impactos ambientales 
provocadas por el proyecto. 



Los impactos más graves, y los impactos a los que se aplicarán 
medidas correctivas, deben ser objeto de un detallado 
seguimiento. Este seguimiento debe incluir un control sobre la 
eficacia de las medidas correctoras, especialmente de aquellas 
que puedan tener un carácter novedoso y conlleven un cierto grado 
de incertidumbre. Este programa debe incluir el seguimiento de 
los impactos en la fase de obra, en la fase de operación, y si 
fuera necesario, en la fase de desmantelamiento. 

Una vez establecidos los seguimientos a realizar, deberán 
diseñarse para comprobar experimentalmente la evolución de los 
impactos, y evitar que se alcancen situaciones no deseadas. 



Con este fin, para cada seguimiento se definirán:



• Indicador experimental de comprobación. Consiste en una 
  variable experimental, perfectamente medible (Leq, DBO5, etc.), 
  o una comprobación visual de un experto (presencia de derrames 
  y vertidos, condiciones de las cunetas, etc.). 

• Umbral de alerta. Valor para el indicador establecido, que 
  indicaría una evolución negativa, pero sin llegar a ser 
  inadmisible. Permitiría actuar aplicando la actuación adicional 
  de emergencia. 

• Umbral inadmisible. Valor del indicador que constituye un nivel 
  de gravedad inaceptable para ese impacto. 

• Calendario de campañas de comprobación. El seguimiento debe 
  programarse en forma de campañas de medición, que permitan 
  conocer la evolución de los impactos. En la determinación de la 
  frecuencia y distribución de estas campañas se deberá tener en 
  cuenta las épocas de mayor riesgo, considerando las variaciones 
  periódicas del medio ambiente, y las posibles variaciones del 
  proyecto. Se recomienda una mayor frecuencia en el periodo de 
  próximo a la puesta en funcionamiento del proyecto (dos años 
  desde la puesta en servicio), y una frecuencia algo más 
  dilatada en los siguientes 2 o 3 años. 

• Descripción de la campaña. Debe describirse adecuadamente la 
  realización de la medición del indicador. Se recomienda 
  recurrir a protocolos ya establecidos. 

• Puntos de comprobación. Deben establecerse los puntos o área de 
  comprobación que no deben variar en cada campaña para poder 
  garantizar una eficaz comparación de resultados. Esta selección 
  se hará en función de los objetivos de cada seguimiento, 
  seleccionando aquellas áreas especialmente frágiles y aquellos 
  puntos en los que sea posible comprobar la eficacia de las 
  medidas correctoras. 

• Exigencias técnicas de la comprobación. Se determinarán las 
  exigencias técnicas para realizar la comprobación, tanto de 
  material como de personal. 

• Medidas de urgencia. Se definirán las actuaciones que deberán 
  realizarse en caso de que se alcancen los umbrales de alerta. 



Es recomendable la redacción de un informe de cada seguimiento 
que recoja las comprobaciones realizadas en cada campaña, datos 
adicionales de referencia sobre otras variables ambientales, 
incidencias de repercusión ambiental (incendios, inundaciones, 
sequías, etc.), así como las conclusiones de las comprobaciones 
realizadas. 

Existen un buen número de impactos cuya verdadera naturaleza se 
desconoce, teniendo que basarse su estudio en el análisis de 
situaciones análogas. Un buen diseño de un programa ambiental 
permitirá incorporar al conocimiento científico sus resultados, 
mejorándose de esta manera la predicción de impactos.

Las responsabilidades asociadas al programa de vigilancia 
ambiental se recogen en la propia legislación, y más 
concretamente en la Ley 21/2013, donde se especifica que el 
órgano competente de las diferentes comunidades autónomas –en 
aquellos proyectos que no sean de competencia estatal–, se 
encargará del seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la DIA 
o del informe de impacto ambiental. 

El órgano ambiental, a través del condicionado ambiental 
contenido en la DIA, puede exigir al promotor que complete, 
reforme o desarrolle el programa de vigilancia contenido en el 
Estudio de Impacto. 

Sin embargo, dicha legislación no contempla la figura de la 
empresa contratista, lo que puede generar confusiones en cuanto a 
responsabilidades ambientales entre el promotor y el contratista, 
dado que el programa de vigilancia cubre los impactos tanto 
durante la fase de construcción como de operación del proyecto. 
De igual manera pueden plantearse confusiones entre el Pliego de 
Prescripciones Técnicas del proyecto de construcción –de obligado 
cumplimiento para el contratista–, y el programa de vigilancia 
ambiental, si entre ambos existieran incongruencias.

Curiosamente existen determinadas sentencias que minimizan la 
importancia de una presentación deficiente del EsIA, y en 
concreto de la ausencia del Programa de Vigilancia Ambiental, 
considerando que «la falta de este programa constituye un mero 
defecto de forma del estudio de impacto ambiental, defecto que no 
puede ocasionar su invalidez».

1.10 Resumen del estudio y conclusiones 

Este punto, anteriormente denominado documento de síntesis, es un 
punto esencial en el Estudio de Impacto, especialmente para la 
fase de participación pública, ya que aquellas personas no 
expertas, no tienen por qué entender la terminología técnica 
incluida en el Estudio. 

Este documento debe describir los efectos principales, en 
términos comprensibles para los no especialistas. 

1.11 Métodos de Evaluación

Las metodologías son una herramienta para, de una forma ordenada, 
acometer la evaluación y valoración de los diferentes impactos 
provocados por una actuación. 

Existen numerosos modelos y procedimientos para evaluar los 
impactos sobre el medio ambiente, pero debemos tener en cuenta 
que muchas de estas metodologías, por no decir todas, han surgido 
como respuesta a proyectos de un tipo determinado, e incluso para 
un país en concreto, por lo que a la hora de seleccionar una u 
otra metodología se debe analizar su idoneidad para el caso de 
interés. 

Es el mismo caso que el método de Batelle-Columbus, el cuál no 
sólo está relacionado con los proyectos de recursos hídricos, 
sino que está tan fuertemente emparejado con los EE.UU, que uno 
de los factores a valorar es, textualmente, la «frontera india». 
Obviamente, este método, no puede ser aplicado en España sin 
sufrir alguna modificación. 

Por último, comentar dos características que estas metodologías 
poseen en mayor o menor grado: 

• No hacen milagros. Se limitan a ordenar el conocimiento que 
  sobre los impactos el redactor ya posee. No esperemos de ellas 
  que ante un proyecto del que nada sabemos, localizado en un 
  ambiente geográfico que no hemos inventariado sean capaces de 
  dar un resultado coherente. 

• Alejan al redactor del estudio de la realidad, convirtiendo el 
  estudio de la hidrología, de la calidad de la atmósfera, de la 
  fauno o de la vegetación, en una serie de ecuaciones y valores 
  sin sentido físico. 

En este módulo vamos a ver tan sólo dos de estas metodologías, 
elegidas por ser las de mayor difusión, y porque muchas veces se 
utilizan de forma combinada. 

1.11.1 Matriz de Leopold

Este método también conocido como de las matrices de 
causa-efecto, tuvo su origen en un encargo del USGS (Servicio 
Geológico de los EE.UU.) en 1971. Se trata de un método de 
identificación, pero que permite una primera aproximación al 
impacto, identificando las interacciones existentes entre las 
acciones procedentes del proyecto y los factores del medio. Se 
compone de una tabla de doble entrada, en cuyas columnas figura 
una lista de actividades necesarias para el desarrollo del 
proyecto, y en las filas una relación de los factores del medio 
susceptibles de recibir impacto. 



El modelo se basa, por tanto, en una matriz, con un total de 100 
acciones posibles causantes de impacto, y de 88 factores 
susceptibles de ser afectados. 



Estas acciones que pudieran causar impacto se distribuyen de la 
siguiente manera: 

• Modificación del régimen (13). 

• Transformación del suelo (19). 

• Extracción de recursos (7). 

• Procesos (15). 

• Alteración del terreno (6). 

• Recursos renovables (5). 

• Cambio en el tráfico (11). 

• Tratamiento y vertido de residuos (14). 

• Tratamiento químico (5). 

• Accidentes (3). 

• Otros (2). 

Una vez determinadas las acciones, se consideran los factores 
ambientales que pueden ser afectados significativamente. Los 88 
factores se clasifican en: 

1. Características fisicoquímicas (25). 


  a) Tierra. 

  b) Agua. 

  c) Atmósfera. 

  d) Procesos. 

2. Condiciones biológicas (18). 


  a) Flora. 

  b) Fauna. 

3. Factores culturales (36). 


  a) Usos del territorio. 

  b) Recreativos. 

  c) Estéticos y de interés humano. 

  d) Nivel cultural. 

  e) Servicios e infraestructuras. 

4. Relaciones ecológicas (7). 


  a) Salinización. 

  b) Eutrofización. 

  c) Vectores de enfermedades (insectos). 

  d) Cadenas alimentarias. 

  e) Invasiones de maleza, etc. 

5. Otros (2). 

La matriz original consta, por tanto de 8.800 posibles 
interacciones, de las que sólo unas pocas tendrán verdadera 
importancia. En la práctica no se trabaja, lógicamente, con estas 
8.800 posibilidades. El número de factores y de acciones puede 
reducirse –o aumentarse, si alguna de las acciones más 
importantes no aparece en la lista original– para ajustarlo al 
tipo de proyecto que se esté tratando, de esta manera, el modelo 
gana en sencillez y facilidad de manejo. 

Una vez detectadas las relaciones acción-factor, se pasa a 
realizar una evaluación individualmente de cada una de estas 
relaciones. Esta evaluación se realiza atendiendo a tres 
parámetros: 

• Signo: Si el impacto es beneficioso, se añadirá un signo más 
(+), mientras que si es perjudicial, el signo será menos (-). 

• Magnitud: representa extensión o escala de la alteración 
provocada por una factor. Se puntúa en una escala de 1 a 10, 
donde el 10 representa la máxima magnitud, y el 1 la mínima. 

• Importancia: Representa lo significativa que es la interacción 
entre la acción y el factor. Indica el peso relativo que 
determinado factor tiene dentro del proyecto. También se evalúa 
entre 1 y 10. 

Tanto en la magnitud como en la importancia, el cero no es 
válido. 

Las casillas correspondientes a cada relación acción-factor se 
dividirán en dos partes mediante una diagonal, de modo que en la 
parte superior se indicará el valor de la magnitud del impacto y 
en la inferior, el valor de la importancia. 



Hablando en términos relativos, el sumatorio por filas refleja la 
alteración producida por la actuación sobre cada factor 
ambiental, lo que se puede denominar fragilidad del factor. De 
igual forma, el sumatorio por columnas indicará cómo afecta una 
determinada acción sobre el conjunto de los factores. 

Es posible establecer un término que exprese el índice general de 
impacto, aunque se recomienda sólo su uso a título meramente 
orientativo. La expresión de este índice global de impacto es: 



A pesar de su simplicidad es uno de los métodos más utilizados en 
la realización de los estudios de impacto ambiental[5].

También hay que tener en cuenta que esta metodología, al igual 
que ocurre con prácticamente todas las demás existentes, suele 
utilizarse modificada. Así, es habitual que en lugar de utilizar 
la matriz de Leopold para llegar a valores numéricos de 
importancia y magnitud, se utilice únicamente para determinar 
dónde se darán los impactos. Así, en lugar de valores de magnitud 
e importancia, en el cuadro se colocarán puntos, asteriscos o 
cualquier otro símbolo que indique que ese factor será impactado 
por la correspondiente acción.

1.11.2 Metodología de Vicente Conesa



Este autor propone[2] una metodología basada en el método de las 
matrices causa-efecto, derivadas, a su vez, de la matriz de 
Leopold con resultados cualitativos, y del método de 
Batelle-Columbus con resultados cuantitativos.



  Identificación de las acciones que puedan causar impactos 

Para las accione susceptibles de producir impactos se 
establecerán dos relaciones, una para cada periodo de interés, es 
decir, acciones susceptibles de producir impactos durante la fase 
de construcción, y acciones que pudieran producir impactos 
durante la fase de explotación. En ocasiones deberá introducirse 
otra relación con las acciones en la fase de abandono. 

Estas acciones y sus efectos han de quedar determinados al menos 
en intensidad, extensión, persistencia, reversibilidad, 
recuperabilidad y momento. Así mismo, deberán ser excluyentes 
unas respecto a otras. 

  Identificación de los factores susceptibles de recibir impactos 

Otro paso necesario será la identificación de los factores 
ambientales con el fin de detectar aquellos aspectos cuyos 
cambios motivados por las distintas acciones del proyecto en 
sucesivas fases supongan modificaciones positivas o negativas de 
la calidad ambiental. 

Generalmente, se suele dividir el entorno en una serie de 
sistemas –medio físico y medio sociocultural–, los cuales se 
dividen a su vez en una serie de subsistemas. 

[flotante Cuadro:

+-----------------------------------+-------------------------+-----------------------------------+
|             SISTEMA               |      SUBSISTEMA         | COMPONENTE AMBIENTAL              |
+-----------------------------------+-------------------------+-----------------------------------+
+-----------------------------------+-------------------------+-----------------------------------+
| MEDIO FÍSICO                      | MEDIO INERTE            | Aire                              |
+-----------------------------------++-----------------------------------++-----------------------------------+
| Clima                             |
+-----------------------------------++-----------------------------------++-----------------------------------+
| Agua                              |
+-----------------------------------++-----------------------------------++-----------------------------------+
| Tierra y suelo                    |
+-----------------------------------++-----------------------------------++-----------------------------------+
| Procesos                          |
+-----------------------------------++-----------------------------------++-----------------------------------+
| Vegetación                        |
+-----------------------------------++-----------------------------------++-------------------------
| Fauna                             |
+-----------------------------------++-------------------------+-----------------------------------+
| Procesos                          |
+-------------------------+-----------------------------------++-----------------------------------+
| MEDIO PERCEPTUAL        | Valor testimonial                 |
+-----------------------------------++-----------------------------------++-----------------------------------+
| Paisaje                           |
+-----------------------------------++-----------------------------------++-----------------------------------+
| Intervisibilidad                  |
+-----------------------------------++-----------------------------------++-----------------------------------+
| Componentes singulares            |
+-----------------------------------++-----------------------------------++-----------------------------------+
| Recursos científico culturales    |
+-----------------------------------++-----------------------------------++-----------------------------------+
| Recreativo                        |
+-----------------------------------++-----------------------------------++-----------------------------------+
| Producción                        |
+-----------------------------------++-----------------------------------++-----------------------------------+
| Conservación de la naturaleza     |
+-----------------------------------++-----------------------------------++-----------------------------------
| Viario rural                      |
                                                                          +-----------------------------------
+-----------------------------------++-----------------------------------+-------------------------
| Proceso                           |
                                     +-----------------------------------                          
+-----------------------------------+-------------------------+-----------------------------------+
| MEDIO SOCIO-ECONOMICO Y CULTURAL  | M. DE NÚCLEOS URBANOS   | Estructura de los núcleos         |
+-----------------------------------                                                               
+-----------------------------------++-----------------------------------++-----------------------------------+
| Estructura urbana y equipamientos |
+-----------------------------------++-----------------------------------++-------------------------
| Infraestructura y servicios       |
+-----------------------------------++-------------------------+-----------------------------------+
| Patrimonio histórico artístico    |
+-------------------------+-----------------------------------++-----------------------------------+
| MEDIO SOCIO CULTURAL    | Aspectos culturales               |
+-----------------------------------++-----------------------------------++-----------------------------------+
| Servicios colectivos              |
+-----------------------------------++-----------------------------------++-------------------------
| Aspectos humanos                  |
                                                                          +-------------------------
+-----------------------------------++-------------------------+-----------------------------------+
| Patrimonio histórico artístico    |
                                     +-------------------------                                     
+-------------------------+-----------------------------------++-----------------------------------+
| MEDIO ECONÓMICO         | Economía                          |
+-------------------------                                     +-----------------------------------+
+-----------------------------------++-----------------------------------++-----------------------------------+
| Población                         |
+-----------------------------------++-----------------------------------++-----------------------------------+


[Cuadro 1.1: 
Propuesta de factores según V. Conesa
]
]

  Matriz de impactos 

El proceso comienza, tras el estudio del proyecto y su entorno, 
con la valoración cualitativa. La matriz de impactos consistirá 
en un cuadro de doble entrada en cuyas columnas figurarán las 
acciones impactantes, y en las filas los factores ambientales 
susceptibles de recibir los impactos. 

Para su realización será necesaria la identificación de las 
acciones que pudieran causar impactos, y los factores que 
pudieran recibir dichos impactos. 

[flotante Figura:
<Archivo gráfico: F:/UR/libros/Proyectos (GI)/SVN/Lecciones/L03/imagenes/MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS.pdf>

[Figura 1.2: 
Ejemplo de Matriz de Identificación de Impactos
]


]

  Matriz de Importancia

Una vez identificadas las acciones y los factores del medio que, 
presumiblemente, serán impactados por aquéllas, la matriz de 
importancia nos permitirá obtener una valoración cualitativa de 
los impactos. 

En esta matriz se situarán en las columnas las acciones antes 
descritas, mientras que las filas serán ocupadas por los factores 
del medio afectados, de tal forma que en las casillas de cruce 
podremos comprobar la Importancia del impacto de la acción sobre 
el factor correspondiente. 

El término Importancia, hace referencia al ratio mediante el cual 
mediremos cualitativamente el impacto ambiental, en función, 
tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración 
producida, como de la caracterización del efecto, que responde a 
su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo, tales como 
extensión, tipo de efecto, plazo de manifestación, persistencia, 
reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación y 
periodicidad. La importancia del impacto viene representada por 
un número que se deduce del siguiente modelo, donde aparecen en 
abreviatura los atributos antes citados:



donde:

• El signo indica la naturaleza del impacto, positivo si es 
  beneficioso, o negativo si es perjudicial respecto del factor 
  considerado. 

• Intensidad (I): Hace referencia al grado de incidencia de la 
  acción sobre el factor (Grado de destrucción del factor). El 
  baremo estará comprendido entre 1 y 12, en el que 12 indica una 
  destrucción total, y 1 una afección mínima.

• Extensión (EX): Se refiere al área de influencia teórica del 
  impacto, respecto a la del factor afectado (Área de 
  influencia). Si la acción produce una efecto muy localizado, se 
  considerará que el impacto tiene un carácter puntual (1). Si el 
  efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno, 
  teniendo efecto en todo él, el impacto será total (8). Si el 
  efecto es puntual, pero se produce en un lugar crítico, se le 
  atribuirá un valor 4 unidades por encima del que le 
  correspondería en función del porcentaje de extensión.

• Momento (MO): Hace referencia al tiempo que transcurre entre la 
  aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor 
  considerado (Plazo de manifestación). Así cuando el plazo sea 
  nulo, el momento será inmediato, y si es inferior a un año, 
  corto plazo, asignándole en ambos casos un valor 4. Si el 
  periodo de tiempo va de 1 a 5 años, medio plazo (2), y si el 
  efecto tarda en aparecer más de 5 años, largo plazo (1). Si 
  concurriera alguna circunstancia que hiciera critico el momento 
  de la aparición, se le atribuiría un valor 4 unidades superior 
  a la correspondiente por el plazo. 

• Persistencia (PE): Se refiere al tiempo, que supuestamente, 
  permanecería el efecto desde su aparición (Permanencia del 
  efecto). Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos 
  de un año, se considera que la acción produce un efecto fugaz, 
  asignándole un valor 1. Si dura entre 1 y 10 años, temporal 
  (2); y si tienen una duración superior a los 10 años, se 
  considera un efecto permanente, con un valor 4. 
La persistencia es independiente de la reversibilidad. Un efecto 
  permanente puede ser reversible, o irreversible. Por el 
  contrario un efecto irreversible, puede presentar una 
  persistencia temporal. Los efectos fugaces y temporales son 
  siempre reversibles o recuperables, mientras que los efectos 
  permanentes pueden ser reversibles o irreversibles 

• Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad se reconstruir 
  el factor afectado por medios naturales (Reconstrucción por 
  medios naturales). Si es a corto plazo, se le asigna un valor 
  1, si es a medio plazo (2), y si el efecto es irreversible se 
  le asigna un valor de 4.

• Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de 
  reconstruir el factor, por medio de intervención humana 
  (Reconstrucción por medios humanos). 
Si el efecto es totalmente recuperable, se le asigna un valor 1 o 
  2, según lo sea de manera inmediata o a medio plazo. Si lo es 
  parcialmente, el efecto es mitigable, y toma un valor de 4. 
  Cuando un efecto es irrecuperable se le asignará un valor 8; y 
  en el caso de ser irrecuperable, pero existir la posibilidad de 
  introducir medidas compensatorias, el valor adoptado será 4. 

• Sinergia (SI): Hace referencia al grado de reforzamiento del 
  efecto de una acción sobre un factor debido a la presencia de 
  otra acción (Potenciación de la manifestación). 
Cuando una acción que actúa sobre un factor no es sinérgica con 
  otras acciones que actúan sobre el mismo factor, se tomará el 
  valor 1; si presenta un sinergismo moderado, valor 2; y si es 
  altamente sinérgico, valor 4. Si se presentara casos de 
  debilitamiento –la acción simultánea de dos acciones sobre un 
  mismo factor debilita el resultado que se cabría esperar por 
  separado-, la valoración del efecto presentará valor con el 
  signo negativo. 

• Acumulación (AC): Hace referencia al incremento progresivo de 
  la manifestación del efecto (Incremento progresivo). Cuando la 
  acción no produce efectos acumulativos, el efecto se valora 
  como 1; y si el efecto es acumulativo, el valor será 4. 

• Efecto (EF): Hace referencia a la relación causa – efecto, es 
  decir, a la forma de manifestación del efecto sobre un factor, 
  como consecuencia de una acción (Relación causa efecto). El 
  efecto puede ser directo o primario (valor 4), si la 
  repercusión de la acción tienen consecuencias directas sobre el 
  factor, o puede ser indirecto o secundario, si su manifestación 
  no es consecuencia directa (valor 1).

• Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de la 
  manifestación del efecto (Regularidad de la manifestación). 
–efecto periódico, valor 2, de forma impredecible 
–efecto irregular, valor 1, o constante en el tiempo 
–efecto continuo, valor 4

  Valoración cualitativa de acciones y factores.

Una vez cuantificada la magnitud de impactos producidos, se debe 
establecer la valoración cualitativa de cada una de las acciones 
que han sido causa de ese impacto, así como de los factores 
ambientales que han sido objeto del mismo. 

Esta valoración se puede establecer según dos criterios: 



• Valoración Absoluta: consideramos que la importancia relativa 
  de todos los factores del medio es la misma y por tanto la 
  afección que sufran todos ellos debe ser considerada de la 
  misma manera. 

• Valoración Ponderada: establecemos una importancia relativa de 
  los factores en función de su mayor o menor contribución a la 
  situación del Medio, de tal forma que está quedara reflejada a 
  través de unos coeficientes de ponderación. El valor de estos 
  coeficientes vendrá expresado en Unidades de Importancia (UIP), 
  de tal manera que el método considera un valor de 1000 UIP a la 
  situación óptima del Medio, distribuyendo esta cantidad entre 
  los diferentes componentes en función de su contribución al 
  alcance de ese óptimo. 



La ponderación establecida en el presente EsIA se corresponde a 
la que el método establece, de forma genérica, para sistemas 
naturales y socio-económicos característicos de nuestro país, si 
bien, debemos hacer hincapié, en la importancia que para el 
resultado final del análisis tiene una ponderación de los 
factores adecuada y ajustada a cada situación concreta, lo que 
impediría establecer un estudio exhaustivo del medio afectado 
mediante consulta a expertos en los diferentes factores. 

Los resultados de ambos tipos de valoraciones, así como los 
coeficientes de ponderación establecidos según método, se pueden 
comparar con la Matriz de Importancia.

[flotante Figura:
<Archivo gráfico: F:/UR/libros/Proyectos (GI)/SVN/Lecciones/L03/imagenes/MATRIZ DE IMPORTANCIA.pdf>

[Figura 1.3: 
Ejemplo de Matriz de Importancia
]


]

1.12 Conclusiones

1.12.1 Puntos tratados

En esta lección se ha aprendido el significado de conceptos 
claves del procedimiento de autorización para acciones que puedan 
afectar al entorno. Así se ha revisado el marco jurídico de la 
Evaluación de Impacto Ambiental, y en ese contexto el rol del 
Estudio de Impacto Ambiental. 

Entre otros:

• Se ha revisado el procedimiento de autorización del proyecto.

• Se han identificado los diferentes agentes implicados en el 
  procedimiento.

• Se ha identificado el significado de la Declaración de Impacto 
  Ambiental.

• Se han revisado diversas metodologías de elaboración del 
  Estudio de Impacto Ambiental.

• Se ha realzado el papel de los planes de vigilancia ambiental.

1.12.2 Preguntas abiertas

1. Revise en la Ley 21/2013 
  (http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/11/pdfs/BOE-A-2013-12913.pdf) 
  los Anexos I y II e identifique para qué proyectos le sorprende 
  más que se requiera EIA y la razón.

2. Para un proyecto de industria de elaboración de Frutas y 
  Verduras Congeladas, en la pedanía de El Raal, en el término 
  municipal de Murcia 
  (http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=138421).


  • Analice los factores ambientales afectados.

  • Analice los impactos potenciales de tal instalación.

  Describa en cada caso una breve justificación de los valores 
  propuestos.

3. Identifique quién es el órgano ambiental y el órgano 
  sustantivo en el caso de la cuestión 2.

4. En el caso del factor primero identificado en la cuestión 2, y 
  para los tres primeros efectos identificados, lleve a cabo la 
  determinación de su importancia según la metodología de V. 
  Conesa.

1.12.3 Lecturas recomendadas

El lector interesado encontrará una explicación más detallada de 
los aspectos tratados en esta lección en la referencia [3]. 
Asimismo, se recomienda especialmente la lectura de la referencia 
bibliográfica [2], lo que le proporcionará una visión más 
completa acerca de la evaluación del impacto ambiental.

Referencias

Bibliografía

[1] Abellán, M.A., de Castilla-La Mancha, Universidad, and Francisco Antonio García Morote, M.A.A., La evaluación del impacto ambiental de proyectos y actividades agroforestales (Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2006).

[2] CONESA FERNÁNDEZ-VÍTORA, Vicente, Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental 4ª (Ediciones Mundi-Prensa, 2010).

[3] ESPAÑA, Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (Boletín Oficial del Estado, de 11 de diciembre de 2013, núm. 296, pp. 98151--98227).

[4] MORONG, F.F., El régimen juŕıdico de las licencias y autorizaciones ambientales en España y Brasil: Análisis juŕıdico-a… (Ediciones Universidad de Salamanca, 2014).

[5] OREA, D.G. and VILLARINO, M.T.G., Evaluacion de impacto ambiental (Mundi-Prensa, 2013).

[6] VERGARA GONZÁLEZ, Eliseo, "Material docente de la Universidad de la Rioja" (2013).