Aprovisionamientos






1.1 Introducción

1.1.1 Objetivos

Tras esta lección, el alumno conocerá:

1. Concepto de Gestión de Compras.

2. Selección de proveedores.

3. Contratos y su tipología.

4. Seguimiento de pedidos.

1.2 Concepto de gestión de compras y contratación

La gestión de compras se puede definir como el conjunto de 
operaciones necesarias para adquirir y entregar en el lugar de la 
obra todos los materiales y equipos necesarios para la ejecución 
material del proyecto.

Naturalmente estos materiales y equipos corresponden a las 
exigencias y especificaciones técnicas establecidas en la 
Ingeniería de Detalle y habrán de conseguirse al mínimo coste, 
compatible con la calidad fijada y en el plazo más adecuado 
dentro de la programación general del proyecto.

La influencia de la gestión de compras en el coste del proyecto 
es muy grande y también en el plazo, ya que ambas variables están 
muy ligadas entre sí (ver la Figura [fig:Operaciones-de-Transformación]
).

La gestión de compras suele desarrollarse mediante un "grupo de 
compras" que, según las organizaciones, recibe el nombre de 
servicio, departamento, división, etc. y cuya misión es 
desarrollar las operaciones anteriormente reseñadas.

La organización de esta gestión de compras incluye, casi siempre, 
cuatro funciones básicas y distintas [7]:

• Compras: Incluye desde la selección de posibles 
  suministradores, hasta la colocación de la orden de compra o 
  pedido y sus cambios posteriores.

• Activación: Tiene por objeto controlar y presionar para cumplir 
  todas las fechas parciales, que condicionan el cumplimiento de 
  los plazos de entrega fijados. Incluye desde la recepción y 
  devolución de los planos e información de vendedores, hasta el 
  control de los acopios de los propios fabricantes, el progreso 
  de fabricación de equipos y su entrega en el lugar de la obra 
  en la fecha establecida.

• Inspección: Su función es fundamentalmente de control de 
  calidad, tanto de los materiales y de los métodos de trabajo, 
  como del propio equipo terminado y aceptado después de 
  efectuarse con éxito todos los ensayos establecidos.

• Expedición o Tráfico: Se refiere al transporte de materiales y 
  equipos desde su origen (fábrica, punto de descarga, etc.) 
  hasta el lugar de la obra, así como su manipulación, 
  almacenamiento, traslado, etc.

El desarrollo de estas funciones supone un elevado grado de 
actividad y de relaciones tanto internas (Director del Proyecto, 
Ingeniero de Proyecto, especialistas, administración, etc.), como 
exteriores (cliente, proveedores, agentes de aduana, organismos 
oficiales, etc.).

La gestión de contratación de las obras de construcción y montaje 
es parte de la gestión de compras, si bien por la naturaleza 
distinta de los bienes y servicios a adquirir, su tratamiento 
debe ser distinto.

La gestión de compras propiamente dicha va encaminada a la 
adquisición de bienes (fundamentalmente los equipos y maquinaria 
y buena parte de los materiales), mientras que la gestión de 
contratación va destinada a la construcción de las obras civiles 
necesarias, al montaje de los equipos y materiales y, en algunos 
casos, a la adquisición de instalaciones completas (unidades 
paquete) que incluyen sus propios equipos, materiales y montaje.

Se presentan así tres casos fundamentales y distintos, que en la 
práctica pueden complicarse mediante su combinación.

La gestión de compra de construcciones y montajes puede ser o no 
responsabilidad del servicio de compras, ya que en muchas 
organizaciones y por las características especiales de estos 
contratos, suele recaer bajo la responsabilidad de los ingenieros 
de proyecto, auxiliados por los departamentos técnicos 
correspondientes.

Hay que tener en cuenta que algunos de estos trabajos hay que 
iniciarlos sin tener finalizada la Ingeniería de Detalle, 
asumiendo una serie de posibles riesgos en aras de la rapidez. 
Estas actuaciones tienen que contar con el total apoyo de los 
departamentos técnicos correspondientes, que son los que poseen 
la mayor información y experiencia en cada caso.

Los tres posibles casos de contratación son un resumen de los 
distintos contratos que de cada uno de los tipos puede ser 
necesario llevar adelante, ya que con frecuencia no hay un 
contrato único de construcción ni otro de montaje.

[flotante Figura:


[Figura 1.1: 
<fig:Operaciones-de-Transformación>Esquema General de Fases del 
Proyecto
]
]





1.3 Selección de proveedores

Para poder desarrollar el proyecto se necesitará adquirir 
productos y servicios (materias primas, componentes, seguros, 
servicios de comunicación, etcétera). Las personas o empresas que 
suministran productos o servicios a nuestro proyecto se denominan 
proveedores.

Todas las empresas (y en este caso el proyecto puede ser visto 
como la unidad de aplicación de la empresa encargada de su 
desarrollo) deben realizar un proceso de búsqueda y selección de 
los proveedores de bienes y servicios más adecuados a sus 
necesidades [1].

Normalmente, se realiza en el departamento de compras. El 
propósito es establecer una lista de las empresas que fabrican 
los productos que nos interesan para solicitarles información y, 
luego, elegir la más adecuada a nuestros intereses.

Antes de decidir si se va tomar en cuenta a un proveedor, se debe 
estudiar si los productos o materia prima que ofrece van a tener 
impacto positivo en la productividad, calidad y competitividad 
requerida por el proyecto, según sus requisitos [9].

Una vez que se han buscado proveedores, se procede a la selección 
de los más adecuados basándose en los criterios de selección que 
se hayan elegido hasta reducir la cantidad a unos pocos 
proveedores. No es muy recomendable tener a un solo proveedor y 
hacerle todo el pedido que necesitamos; es preferible distribuir 
nuestras compras entre varios proveedores, para que la empresa no 
quede sin abastecimiento si un proveedor falla. 

A su vez, se ha de tener en cuenta que el proceso de búsqueda y 
selección tiene un coste económico para la empresa (aunque 
únicamente se considere el tiempo dedicado por las personas 
encargadas de la selección), por lo que sólo se realizará para la 
adquisición de los productos que se compren con más asiduidad o 
en los que el ahorro final que se obtenga sea superior a la 
inversión realizada en la búsqueda y selección de los 
proveedores. 

Antes de comenzar la búsqueda de proveedores se ha de tener muy 
claro cuáles son los productos que se necesita adquirir, de qué 
calidad y en qué cantidad para que la selección se realice 
comparando productos de iguales o muy similares características. 
Una vez realizado este análisis, comienza el proceso de selección 
en el que se pueden plantear diferentes situaciones de partida [8]
, por ejemplo:

• La empresa inicia su actividad y debe buscar toda clase de 
  proveedores. 

• La empresa tiene ya unos proveedores que habitualmente le 
  suministran, pero no se encuentra satisfecha con ellos. 

• Se quiere ampliar la cartera de proveedores para realizar 
  comparaciones de productos y de condiciones comerciales con el 
  objetivo de mejorar la gestión comercial.

El proceso de búsqueda y selección tiene tres fases: búsqueda de 
información, solicitud de información y evaluación y selección de 
proveedores. Representamos un esquema de este 

proceso a continuación:

1. Búsqueda de información.

2. Solicitud de información.


  a) Información a solicitar:


    1) Condiciones económicas.

    2) Condiciones técnicas.

    3) Otras.

  b) b. Medio de comunicación:


    1) Carta/Email.

    2) Representante.

    3) Visitas personales.

3. Evaluación y selección de proveedores.


  a) Tabulación de la información:


    1) Ficha de proveedor.

    2) Cuadro comparativo de proveedores.

  b) Criterios de selección:


    1) Precio.

    2) Calidad.

    3) Pago.

    4) Entrega.

    5) Servicio post-venta.

    6) Otros factores.

1.3.1 Búsqueda de información

Algunas de las fuentes de información que se pueden utilizar para 
localizar proveedores son las 

siguientes:

• Internet.

• Páginas amarillas.

• Prensa de información general.

• Radio y televisión.

• Publicaciones especializadas en la actividad de la empresa.

• Publicaciones e informes de bancos y cajas de ahorro.

• Ferias y exposiciones comerciales especializadas en el sector.

• Asociaciones empresariales y profesionales.

• Cámaras de comercio.

• Bases de datos de organismos públicos (ministerios, comunidades 
  autónomas, ayuntamientos, 

• universidades, organismos oficiales, etcétera).

• Información obtenida de empresas especializadas en gestión de 
  bases de datos.

• Fuentes internas de la propia empresa, como especialistas y 
  técnicos en los productos.

1.3.2 Solicitud de información

Una vez confeccionado un listado con los posibles proveedores, se 
inicia el contacto directo para solicitar la información que 
interesa recabar. Se ha de procurar que respondan claramente a 
los aspectos que más interese conocer. Los aspectos más 
importantes, entre otros, pueden ser:



+----------------------------------+------------------------------------+----------------------------------+
|             Calidad              |              Precio                |          Otros aspectos          |
+----------------------------------+------------------------------------+----------------------------------+
+----------------------------------+------------------------------------+----------------------------------+
|             Calidad              |          Precio unitario           | Período de validez de la oferta  |
+----------------------------------+------------------------------------+----------------------------------+
+----------------------------------+------------------------------------+----------------------------------+
|      Materiales utilizados       |        Descuento comercial         | Causas de rescición del contrato |
+----------------------------------+------------------------------------+----------------------------------+
+----------------------------------+------------------------------------+----------------------------------+
|    Características técnicas      |              Rappels               |  Causas de revisión de previos   |
+----------------------------------+------------------------------------+----------------------------------+
+----------------------------------+------------------------------------+----------------------------------+
|       Período de garantía        |           Forma de pago            |         Plazo de entrega         |
+----------------------------------+------------------------------------+----------------------------------+
+----------------------------------+------------------------------------+----------------------------------+
|            Formación             |           Plazo de pago            |     Devolución de excedentes     |
+----------------------------------+------------------------------------+----------------------------------+
+----------------------------------+------------------------------------+----------------------------------+
|       Servicio post-venta        |   Precio de embases y embalajes    |         Otra información         |
+----------------------------------+------------------------------------+----------------------------------+
+----------------------------------+------------------------------------+----------------------------------+
| Servicio de atención al cliente  |             Incoterms              |                                  |
+----------------------------------+------------------------------------+----------------------------------+
+----------------------------------+------------------------------------+----------------------------------+
|        Otra información          | Recargos por aplazamiento de pago  |                                  |
+----------------------------------+------------------------------------+----------------------------------+




En el supuesto de que a la empresa le urgiera recibir la 
respuesta de los posibles proveedores, se indicará en las 
comunicaciones una fecha límite para responder a la solicitud de 
información.

En realidad la solicitud de información puede tener diferentes 
formatos, función de su complejidad y del momento del proceso en 
el que se encuentre:

• RFI (Request for Information) o solicitud de información.

• IFB (Invitation for Bid) o invitación a ofertar.

• RFQ (Request for Quotation) o solicitud de oferta económica 
  para el presupuesto de un suministro.

• RFP (Request for Proposal) o solicitud formal del precio del 
  suministro y de la descripción detallada de la forma de 
  ejecución.

• IFN (Invitation for Negotiation) o invitación a negociar para 
  entrar en discusión para ver el interés potencial del vendedor.



1.3.3 Evaluación y selección del proveedor

Una vez que se han buscado proveedores, se procede a la selección 
de los más adecuados; esto implica el estudio exhaustivo de los 
posibles proveedores y su eliminación sucesiva basándose en los 
criterios de selección que se hayan elegido, hasta reducir la 
cantidad a unos pocos proveedores. Con la información que se 
recabe en el proceso de selección se realiza el siguiente 
trabajo: 


• Una ficha de cada proveedor para formar un fichero de 
  proveedores en el que se reflejarán las características de los 
  artículos que cada proveedor puede suministrar y las 
  condiciones comerciales que ofrece (como por ejemplo, la 
  siguiente):

  
+---------------------------------------------------------------+
  |                     Ficha de Proveedores                      |
  +---------------------------------------------------------------+
  +---------------------------------------------------------------+
  | Nombre:                                                       |
  +---------------------------------------------------------------+
  | NIF:                                                          |
  +---------------------------------------------------------------+
  | Domicilio(Localidad y CP):                                    |
  +---------------------------------------------------------------+
  | Tf / Fax / Email:                                             |
  +---------------------------------------------------------------+
  | Web:                                                          |
  +---------------------------------------------------------------+
  |             Productos o Servicios que suministra              |
  +---------------------------------------------------------------+
  |                                                               |
  +---------------------------------------------------------------+
  |                    Condiciones Comerciales                    |
  +-------------+------------+----------------+-------------------+
  |   Precio    | Descuento  | Forma de Pago  | Plazo de Entrega  |
  +-------------+------------+----------------+-------------------+
  |             |            |                |                   |
  +-------------+------------+----------------+-------------------+
  | Transporte  |  Rappels   |   Incoterms    | Plazo de garantía |
  +-------------+------------+----------------+-------------------+
  |             |            |                |                   |
  +-------------+------------+----------------+-------------------+
  

• Un cuadro comparativo en el que se reflejen las condiciones 
  ofrecidas por todos los proveedores en cuanto a calidad/precio, 
  forma de pago, descuentos, plazo de entrega, etc., que sirva 
  para realizar un estudio comparativo con toda la información 
  recabada:

  
+-------------------------------------------------------------------+
  |                             Artículo:                             |
  +-------------------------------------------------------------------+
  +-----------------------+--------------+--------------+-------------+
  | Características       | Proveedor 1  | Proveedor 2  | Proveedor 3 |
  +-----------------------+--------------+--------------+-------------+
  | Precio unitario       |              |              |             |
  +-----------------------+--------------+--------------+-------------+
  | Descuento Comercial   |              |              |             |
  +-----------------------+--------------+--------------+-------------+
  | Rappels               |              |              |             |
  +-----------------------+--------------+--------------+-------------+
  | Incoterms             |              |              |             |
  +-----------------------+--------------+--------------+-------------+
  | Período de garantía   |              |              |             |
  +-----------------------+--------------+--------------+-------------+
  | Plazo de entrega      |              |              |             |
  +-----------------------+--------------+--------------+-------------+
  | Servicio técnico      |              |              |             |
  +-----------------------+--------------+--------------+-------------+
  | Servivio post-venta   |              |              |             |
  +-----------------------+--------------+--------------+-------------+
  | Forma de pago         |              |              |             |
  +-----------------------+--------------+--------------+-------------+
  | Experiencias previas  |              |              |             |
  +-----------------------+--------------+--------------+-------------+
  | Observaciones         |              |              |             |
  +-----------------------+--------------+--------------+-------------+
  

No es conveniente depender de un único proveedor. Se deben 
repartir los pedidos entre varios para garantizar el suministro 
en el caso de que alguno falle y así evitar un desabastecimiento 
de la empresa con el consiguiente perjuicio económico, al tener 
que parar el proceso productivo o desabastecer a los clientes. 

Tener varios proveedores puede generar el inconveniente de que, 
al distribuir la cantidad comprada entre varios proveedores, los 
rappels fuesen menores y el riesgo de falta de homogeneidad 
aumentase, por lo que estos aspectos deben ser vigilados 
cuidadosamente. 

Una vez elegido un proveedor o proveedores, es conveniente 
notificar a los seleccionados la decisión que se ha tomado y 
cuáles son las razones que han llevado a dicha elección. A los 
proveedores no seleccionados se les puede notificar las causas 
que han motivado el no aceptar sus condiciones, ya que podrían 
realizar nuevas ofertas que diesen lugar a nuevas negociaciones 
comerciales, no sólo en el momento, sino también en futuras 
ocasiones. 

Una vez elaborado un cuadro comparativo con las características 
de las ofertas de todos los proveedores preseleccionados, se 
procederá a la elección del proveedor que ofrezca el producto y 
las condiciones más adecuadas a las necesidades de la empresa.

Para la selección de los proveedores se utilizan básicamente 
criterios económicos y de calidad, aunque se pueden utilizar 
otros criterios.

Los proveedores que posea una empresa determinarán en gran medida 
el éxito de ésta. El contar con buenos proveedores no sólo 
significa contar con insumos de calidad y, por tanto, poder 
ofrecer productos de calidad, sino también la posibilidad de 
tener bajos costos, o la seguridad de contar siempre con los 
mismos productos cada vez que se requieran.

Además de los factores antes mencionados son los más importantes 
y los que más debemos tener en cuenta al momento de evaluar y 
seleccionar un proveedor; sin embargo, también existen otros 
factores que siempre es bueno considerar:

• Experiencia: a mayor experiencia de la empresa proveedora, 
  probablemente mayor eficiencia y seguridad en su 
  abastecimiento. 

• Reputación: debemos considerar, por ejemplo, si los testimonios 
  de sus clientes son favorables. 

• Organización: si, por ejemplo, su personal es calificado, si 
  tiene un buen sistema de distribución. 

• Localización: mientras más cerca esté ubicado el proveedor 
  mejor, sobre todo si somos nosotros los que constantemente 
  tenemos que acudir donde éste. 

• Servicio al cliente: si, por ejemplo, son capaces de brindarnos 
  rápidamente toda la información que requiramos. 

• Convenios publicitarios: si, por ejemplo, nos brindan la 
  posibilidad de otorgarnos productos gratis a cambio de 
  publicidad. 

• Situación económica: si su situación económica es estable ello 
  podría significar productos de calidad y un abastecimiento 
  seguro; si tuviera dificultades financieras, ello podría 
  significa una posible disminución en la calidad de sus 
  productos (al querer reducir sus costos), la posibilidad de que 
  dejen de atender nuestros pedidos (por ejemplo, al incumplir 
  los pagos de sus propios proveedores), poca posibilidad de que 
  nos otorguen finamiento (debido a su necesidad de tener 
  liquidez), etc. 

• Tamaño: si es un proveedor pequeño, probablemente su atención 
  sea más directa (por ejemplo, la posibilidad de que resuelvan 
  mejor cualquier inconveniente que tengamos), mayor flexibilidad 
  para adaptarse a nuestras necesidades, y mayor poder de 
  negociación para nosotros; si es un proveedor es grande, 
  probablemente tenga mayor eficiencia y seguridad de 
  abastecimiento, pero un menor poder de negociación para 
  nosotros. 

• Fabricante o mayorista: la principal ventaja de los fabricantes 
  con respecto a los mayoristas son sus bajos precios, pero su 
  principal desventaja es que probablemente no puedan ofrecer la 
  variedad de productos que sí podría ofrecernos un mayorista, 
  sobre todo, al hacer pedidos pequeños.

1.4 El contrato

Un contrato es un acuerdo legalmente vinculante entre dos o más 
partes para realizar un trabajo, o suministrar mercancías o 
servicios bajo determinadas condiciones. Un contrato puede darse 
en forma de acuerdo verbal o existir como documento firmado por 
las partes implicadas. Habitualmente, se incluyen cláusulas de 
penalización económica por incumplimiento de los términos que 
incluye. En proyectos grandes, se pueden designar los 
contratistas principales, que subcontratarán partes del trabajo a 
otros. La responsabilidad recaerá en el contratista principal 
para garantizar así que todos los subcontratistas cumplan los 
términos del contrato en conjunto.

El propósito de la dirección de contratos es controlar el proceso 
de formalización de un contrato, y una vez acordado, gestionarlo 
durante la vida de un proyecto. Normalmente, el departamento 
jurídico de la organización estaría implicado en la redacción y 
formalización del documento con las distintas partes 
involucradas, y en cualquier acción legal resultante por 
incumplimiento por un cliente o un proveedor. Los convenios 
internos (es decir, entre partes de una misma entidad legal) para 
la adquisición/entrega de mercancías y servicios están incluidos 
en este elemento de competencia.

1.4.1 Temas a considerar 

• Procedimientos de aceptación y pruebas. 

• Dirección de cambios. 

• Dirección de reclamaciones. 

• Revisión del cumplimiento de contratos. 

• Términos contractuales, incluidas sanciones por 
  incumplimientos. 

• Análisis Make/Buy (Producir/Comprar). 

• Sanciones. 

• Políticas y prácticas de aprovisionamiento. 

• Asociaciones estratégicas. 

• Convenios con cadenas de suministro. 

• Procesos de licitación.

1.4.2 Cambios

En un proyecto, a menudo es necesario realizar cambios debido a 
circunstancias no previstas. Puede ser preciso modificar las 
especificaciones del proyecto o los términos de un contrato con 
proveedores o clientes. Los cambios deben compararse con los 
puntos básicos originales del proyecto según se definieron en la 
evaluación previa. En la fase de lanzamiento, debe acordarse con 
todas las partes involucradas relevantes el proceso de dirección 
de los cambios que vaya a adoptarse. Es preferible un proceso 
activo de dirección de cambios que anticipe la necesidad de 
cambios, a un proceso que sólo reaccione cuando la necesidad de 
un cambio es obvia. Una variación en el alcance de un proyecto o 
en las especificaciones de un entregable se realiza mediante ese 
proceso formal.

El proceso de cambio abarca todo aquello que resulte de la 
modificación requerida o de la nueva oportunidad identificada, e 
incluye el acuerdo sobre el proceso de decisión de los cambios, 
sobre su necesidad, la decisión de aceptarlos y su implantación; 
todo ello es de aplicación a toda clase de cambios. La dirección 
de cambios identifica, describe, clasifica, evalúa, aprueba o 
rechaza, materializa y verifica los cambios según los acuerdos.

Cualquier parte puede solicitar un cambio y se tienen que 
gestionar como cambios propuestos y cambios aprobados y deben ser 
comunicados debidamente a todas las partes involucradas. Para la 
dirección de un cambio se tienen en cuenta sus efectos directos e 
indirectos sobre el proyecto, programa o cartera en conjunto y 
sobre su contexto. El impacto de los cambios sobre los 
entregables, la configuración, la programación, los costes, el 
plan de financiación y los riesgos de un proyecto se determinan 
mediante comparación con el plan inicial del proyecto. Una vez 
aceptados los cambios, el plan de dirección de un proyecto se 
ajusta en concordancia.

1.4.3 Posibles pasos del proceso

1. Decisión sobre la política y proceso de dirección de cambios a 
  utilizar. 

2. Identificación de todos los cambios propuestos. 

3. Análisis de sus consecuencias para el proyecto. 

4. Solicitud de autorización para los cambios cuando sea 
  necesario. 

5. Obtención de la aceptación o rechazo de los cambios. 

6. Planificación, ejecución, control y cierre de los cambios 
  aprobados. 

7. Información de la situación de los cambios tras la 
  finalización. 

8. Supervisión del efecto de los cambios en comparación con el 
  plan inicial del proyecto. 

9. Documentación de las lecciones aprendidas y aplicación a 
  futuros proyectos. 

1.4.4 Los contratos internacionales. 

Definición: El contrato internacional es un tipo especial de 
contrato cuya especificidad radica en que es suscrito por dos o 
más partes, con domicilio en Estados diferentes.

De la anterior definición se deriva lo siguiente:

• Independencia de la forma. Tanto en derecho español como 
  internacional rige el principio de autonomía de la voluntad de 
  las partes, es decir, que los contratantes pueden establecer 
  los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, 
  siempre que no sean contrarios a las leyes, la moral o el orden 
  público. 

• El término partes se refiere al empresario (persona física o 
  jurídica) español o extranjero, con capacidad para contratar, 
  que se obligan a una forma de actuación en virtud del contrato.

• Domicilio en Estados diferentes, a fin de que se le considere 
  un contrato internacional.

• El objeto del contrato internacional es normalmente una 
  operación comercial o transacción mercantil (el objeto materia 
  del contrato).

Los principales riesgos frecuentes en la relación comercial 
internacional, son:

• De naturaleza jurídica: aquellos ligados con la calificación de 
  cada contrato, su objeto así como los derivados de la 
  indefinición de jurisdicción competente o indeterminación de 
  ley aplicable. 

• De naturaleza técnica: los derivados del incumplimiento de las 
  prestaciones pactadas en el contrato.

• Económicos: impago de facturas, ejecución de garantías 
  bancarias y variaciones en el tipo de cambio de la divisa o 
  divisas de pago del contrato. 

• Comerciales: insuficiente solvencia o liquidez del Cliente y 
  sus posibles garantes, morosidad prolongada, suspensión de 
  pagos o quiebra.

• Políticos: conflictos externos, excesiva burocracia, 
  deficiencias bancarias y jurídicas, incluyendo cambios en la 
  legislación.

• Financieros: carencia de créditos o retraso en el pago, 
  pérdidas por controles de cambio o expropiación de inversiones 
  privadas.

• Extraordinarios: los que tienen dicha naturaleza y por causas 
  ajenas a la voluntad de los sujetos del contrato, dificultando 
  o imposibilitando el cobro del precio o el cumplimiento del 
  contrato. 

  Evolución reciente de las características de los contratos 
  internacionales de ingeniería 

Incorporación de tecnología en servicios y equipos 

• Obligaciones de resultados en vez de obligaciones de medios 
  (plantas llave en mano y producto en mano).

• Mayor incertidumbre => mayores riesgos.

• Mayor complejidad financiera.

• Cooperación. Asociación. Joint Ventures. Consorcios.

• Globalización de las relaciones contractuales internacionales. 

• Esquemas contractuales nuevos y más complejos: 


  – OBE (conversión a EPC) 

  – Project Alliance Contracts 

  Principales factores condicionantes de los contratos 
  internacionales de ingeniería. 

• El elevado riesgo económico.

• La especialización profesional y el aspecto societario. 

• Grupos de empresas y sociedades de ingeniería. 

• La tecnología. 

• Transferencia de tecnología y know how.

  Régimen jurídico del contrato internacional de ingeniería. 

El contrato internacional de ingeniería se caracteriza por: 

• La ausencia de regulación, en cuanto a su naturaleza jurídica. 
  Se trata de un contrato atípico de contenido complejo. 

• El conflicto de intereses entre la pluralidad de sujetos, 
  incluyendo a los subcontratistas. 

• La pluralidad de prestaciones: servicios de ingeniería, 
  suministro de equipos y/o ejecución de obra. En consecuencia, 
  cabe destacar que los contratos internacionales tienen una 
  mayor complejidad que los nacionales.



  Modelos de contratos internacionales

• FIDIC (Federation Internationale des Ingenieurs – Conseils). 


  – Red Book – Construction Contract 

  – Silver Book – EPC/Turnkey Contract 

  – Yellow Book – Plant and Design-Build Contract 

• ENAA (Engineering Advancement Association of Japan). 


  – International Contract for Process Plant Construction 

  – International Contract for Power Plant Construction 

• Otros. 


  – UNIDO Model Contract. 

  – The World Bank. Standard Bidding Documents. 

  – AGC (Associated General Contractors of America) 

  – UNCITRAL Legal Guide on Drawing Up International Contracts 
    for the Construction of Industrial Works. 

  – The Institution of Chemical Engineers. International Forms of 
    Contract: 


    ∗ Red Book 

    ∗ Lump sum contracts 

    ∗ Green Book 

    ∗ Reimbursable contracts 

    ∗ Burgundy 

    ∗ Target cost contracts 

    ∗ Yellow 

    ∗ Subcontracts 

• ICC (International Chamber of Commerce). 


  – ICC Model Contract for the Turnkey Supply of an Industrial 
    Plant 

  – ICC Model Turnkey Contract for Major Projects 

  – ICC Model International Transfer of Technology Contract 

  – ICC Short Form Model Contracts

1.5 El contrato de ingeniería

El contrato de ingeniería puede definirse como aquel contrato en 
virtud del cual una de las partes, generalmente una Empresa de 
Ingeniería, se compromete a realizar en beneficio de la otra, el 
Cliente, unos servicios profesionales y en ocasiones a 
suministrar los equipos y/o a ejecutar una obra, mediante un 
precio cierto.

En esta definición se encuentran los requisitos que la Ley exige 
como esenciales para el nacimiento de todo contrato:

• Consentimiento de las partes: Empresa de Ingeniería y Cliente 
  capaces de otorgar dicho consentimiento.

• Un objeto cierto: la prestación de unos servicios profesionales 
  y en ocasiones el suministro de los equipos y/o la ejecución de 
  la obra objeto del contrato.

• Una causa que para el Cliente será la obtención de los 
  servicios profesionales y en ocasiones el suministro de los 
  equipos y/o la ejecución de la obra, y para la Empresa de 
  Ingeniería, la percepción de la remuneración correspondiente.

En el caso de los Contratos de ingeniería, que incluyen además el 
suministro de equipos y/o ejecución de obra, la Empresa de 
Ingeniería se ha convertido en un Contratista General, de modo 
que una actividad orientada esencialmente hacia el campo de los 
servicios profesionales, es decir, una actividad encuadrada por 
definición en las normas del Derecho Civil, se lleva a cabo por 
entidades mercantiles que son instituciones típicas del Derecho 
Mercantil.

1.5.1 Cláusulas básicas

Relación de las cláusulas básicas a ser consideradas en un 
contrato de ingeniería: 

1. Partes 

2. Definiciones 

3. Objeto 

4. Obligaciones del Contratista 

5. Obligaciones del Cliente 

6. Precio 

7. Forma de pago. Medios de pago 

8. Impuestos 

9. Plazo de ejecución 

10. Transferencia de la propiedad y del riesgo 

11. Permisos y Autorizaciones 

12. Variación de los Trabajos 

13. Recepción Provisional 

14. Recepción Definitiva 

15. Garantías 

16. Período de garantía 

17. Penalizaciones 

18. Avales bancarios 

19. Seguros 

20. Confidencialidad 

21. Propiedad Industrial e Intelectual 

22. Fuerza Mayor 

23. Suspensión temporal 

24. Resolución 

25. Limitaciones de responsabilidad 

26. Cesión 

27. Legislación aplicable 

28. Disputas 

29. Comunicaciones 

30. Entrada en vigor

1.5.2 Tipos de contratos de ingeniería



  Contratos de ingeniería industrial.

Servicios profesionales:

• Consultoría. Servicios técnicos.

• Diseño Básico (Ingeniería de proceso). Ingeniería básica.

• Dirección de Proyectos. Supervisión de construcción o Dirección 
  de construcción.

• Servicios (Ingeniería + Gestión de compras + Supervisión de 
  construcción)

Híbridos:

• Servicios y suministros (Servicios de Ingeniería, suministro de 
  equipos y materiales y supervisión de construcción).

Servicios profesionales, suministro de equipos y ejecución de 
obra:

• Contratos EPC (Engineering, Procurement and Construction)

• Contrato EPC a tanto alzado o llave en mano, es decir un Lump 
  Sum Turnkey EPC (LSTK EPC).

• Producto en mano; Build, operate, transfer (BOT); Build, 
  operate, lease (BOL).

  Contratos de ingeniería para plantas industriales de proceso.

Los principales tipos de contratos para plantas de proceso son:

• Servicios de ingeniería. Pueden incluir gestión de compras y 
  supervisión o dirección de 

• EP (Engineering and Procurement). Servicios y suministros. 
  Pueden incluir supervisión o dirección de construcción

• EPC (Engineering, Procurement supply and Construction). 
  Alcance: Ingeniería, suministros y construcción. LSTK EPC vs. 
  “Cost plus fee” si es reembolsable.

• EPCm (Engineering, Procurement services and Construction 
  Management). Servicios. Procurement vs. Supply 

• Dos fases. Fase 1 OBE (Open Book Estimate). Conversión a EPC. 
  Origen del OBE. Precedentes en FEED (Front End Engineering 
  Design) + EPC. 



1.6 Contratos en el caso del sector público

1.6.1 Marco jurídico en vigor

Desde la adhesión a las Comunidades Europeas, la normativa 
comunitaria ha sido el referente obligado de la legislación 
española de contratos públicos, de tal forma que, en los últimos 
veinte años, las sucesivas reformas que han llevado desde el 
Texto Articulado de la Ley de Bases de la Ley de Contratos del 
Estado hasta la Ley de Contratos del Sector Público, han tenido 
como una de sus principales justificaciones la necesidad de 
adaptar esta legislación a los requerimientos de las directivas 
comunitarias. 

Con motivo de la trasposición de la directiva D 2004/18/CE se 
promulgó la Ley 30/2007, de 30 de octubre [3], que se separaba de 
la arquitectura adoptada por la legislación de contratos públicos 
desde la Ley 13/1995, de 18 de mayo, basado en una estructura 
bipolar construida alrededor de una «parte general», compuesta 
por normas aplicables a todos los contratos, y una «parte 
especial», en la que se recogían las peculiaridades de régimen 
jurídico de los contratos administrativos «típicos». Esta ley, 
que sufrió revisiones y desarrollos posteriores, como se indica 
en [2, 4], actualmente está derogada. Recientemente, debido a la 
exigencia de incorporar a nuestro ordenamiento nuevas 
disposiciones comunitarias, se ha promulgado la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público [6], que es la que 
está acualmente en vigor.

Así, el articulado de la Ley se ha estructurado en un Título 
preliminar dedicado a recoger unas disposiciones generales y 
cuatro libros que se dedican, sucesivamente, a regular la 
configuración general de la contratación del sector público y los 
elementos estructurales de los contratos (Libro I), la 
preparación de estos contratos, la selección del contratista y la 
adjudicación de los contratos, los efectos, cumplimiento y 
extinción de los contratos administrativos (Libro II), los 
contratos de otros entes del sector público (Libro III), y la 
organización administrativa para la gestión de la contratación 
(Libro IV). Con todo se trata de una ley muy compleja, con casi 
trescientas páginas de articulado y que requiere un profundo 
análisis y asimilación.

En la historia reciente cabe destacar, para referenciar el origen 
del que se partía, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
por el que se aprobaba el Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas que desarrolla el Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprobaba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (AAPP). Este RDL derogaba la Ley 
53/1999, de 28 de diciembre, por la que se modificaba la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, excepto su disposición adicional segunda, que conserva 
su vigencia cuando se aprobó la 53/1999. El RDL 2/2000 derogó la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. En todo caso ya era entonces un problema la extensión 
de esta normativa a la pléyade de organismos satélites de las 
AAPP, unas veces afectados y otras no por la normativa.

Las principales novedades que presenta el contenido de la nueva 
Ley, en relación con su inmediato antecedente, la Ley de 
Contratos del Sector Público, afectan a:

1. la delimitación de su ámbito de aplicación (se ha extendido 
  ligeramente para incluir a los partidos políticos, 
  organizaciones sindicales y empresariales, y las fundaciones y 
  asociaciones vinculadas a cualquiera de estas entidades cuando 
  reúnan los requisitos para ser consideradas poder adjudicador);

2. la delimitación de los tipos contractuales (se han reordenado 
  los contratos típicos, desapareciendo el contrato de gestión de 
  servicios públicos –sustituido por el contrato de concesión de 
  servicios– y el contrato de colaboración entre el sector 
  público y el sector privado);

3. la simplificación y mejora de la gestión contractual (dando 
  mayor protagonismo al procedimiento abierto simplificado);

4. la nueva regulación de los contratos menores (en cuanto a las 
  cuantías, que se han reducido, y a las exigencias de 
  tramitación administrativa de un expediente en el que se motive 
  la necesidad de contrato);

5. la incorporación transversal y preceptiva de criterios 
  sociales y medioambientales, siempre que guarde relación con el 
  objeto del contrato.



1.6.2 Ámbito de aplicación

Son contratos del sector público y, en consecuencia, están 
sometidos a la presente Ley en la forma y términos previstos en 
la misma, los contratos onerosos[nota al pie:
Se entenderá que un contrato tiene carácter oneroso en los casos 
en que el contratista obtenga algún tipo de beneficio económico, 
ya sea de forma directa o indirecta.
], cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las 
entidades enumeradas:

• La Administración General del Estado, las Administraciones de 
  las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y 
  Melilla y las Entidades que integran la Administración Local.

• Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad 
  Social.

• Los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas y las 
  autoridades administrativas independientes.

• Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los 
  que se refiere la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
  Jurídico del Sector Público, y la legislación de régimen local, 
  así como los consorcios regulados por la legislación aduanera.

• Las fundaciones públicas (1) que se constituyan de forma 
  inicial, con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, 
  de una o varias entidades integradas en el sector público, o 
  bien reciban dicha aportación con posterioridad a su 
  constitución; (2) cuyo patrimonio esté integrado en más de un 
  50 por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por 
  sujetos integrantes del sector público con carácter permanente; 
  o (3) donde la mayoría de derechos de voto en su patronato 
  corresponda a representantes del sector público.

• Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

• Las Entidades Públicas Empresariales a las que se refiere la 
  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
  Público, y cualesquiera entidades de derecho público con 
  personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que 
  pertenezca al sector público o dependientes del mismo.

• Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la 
  participación, directa o indirecta, de entidades de las 
  mencionadas en las letras a), b), c), d), e), g) y h) del 
  presente apartado sea superior al 50 por 100, o en los casos en 
  que sin superar ese porcentaje, se encuentre respecto de las 
  referidas entidades en el supuesto previsto en el artículo 5 
  del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado 
  por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.

• Los fondos sin personalidad jurídica.

• Cualesquiera entidades con personalidad jurídica propia, que 
  hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades 
  de interés general que no tengan carácter industrial o 
  mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al 
  sector público financien mayoritariamente su actividad, 
  controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los 
  miembros de su órgano de administración, dirección o 
  vigilancia.

• Las asociaciones constituidas por las entidades mencionadas en 
  los apartados anteriores.

• Las Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los 
  Territorios Históricos del País Vasco en lo que respecta a su 
  actividad de contratación.

Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes 
negocios y relaciones jurídicas, entre otros:

• La relación de servicio de los funcionarios públicos y los 
  contratos regulados en la legislación laboral.

• Las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un 
  servicio público cuya utilización por los usuarios requiera el 
  abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación 
  general.

• Los convenios incluidos en el ámbito del artículo 346 del 
  Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que se concluyan 
  en el sector de la defensa y la seguridad.

• Los contratos de obras, suministros y servicios que se celebren 
  en el ámbito de la seguridad o de la defensa que estén 
  comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley 24/2011, 
  de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos 
  de la defensa y de la seguridad.

• Los convenios cuyo contenido no esté comprendido en el de los 
  contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas 
  especiales celebrados entre sí por la Administración General 
  del Estado, las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de 
  la Seguridad Social, las Universidades Públicas, las 
  Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y 
  Melilla, las Entidades locales, las entidades con personalidad 
  jurídico pública de ellas dependientes y las entidades con 
  personalidad jurídico privada, siempre que, en este último 
  caso, tengan la condición de poder adjudicador.

• Los convenios que celebren las entidades del sector público con 
  personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, 
  siempre que su contenido no esté comprendido en el de los 
  contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas 
  especiales.

• Los acuerdos que celebre el Estado con otros Estados o con 
  otros sujetos de derecho internacional.

• Los contratos que deban adjudicarse de conformidad con un 
  procedimiento de contratación específico que haya sido 
  establecido en virtud de un instrumento jurídico, celebrado de 
  conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión 
  Europea con uno o varios Estados no signatarios de este último, 
  que cree obligaciones de derecho internacional relativo a las 
  obras, suministros o servicios que resulten necesarios para la 
  ejecución o la realización conjunta de un proyecto por sus 
  signatarios.

• Los contratos de investigación y desarrollo, excepto aquellos 
  que además de estar incluidos en los códigos CPV 73000000-2 
  (servicios de investigación y desarrollo y servicios de 
  consultoría conexos); 73100000-3 (servicio de investigación y 
  desarrollo experimental); 73110000-6 (servicios de 
  investigación); 73111000-3 (servicios de laboratorio de 
  investigación); 73112000-0 (servicios de investigación marina); 
  73120000-9 (servicios de desarrollo experimental); 73300000-5 
  (diseño y ejecución en materia de investigación y desarrollo); 
  73420000-2 (estudio de previabilidad y demostración 
  tecnológica) y 73430000-5 (ensayo y evaluación), cumplan las 
  dos condiciones siguientes: (1) que los beneficios pertenezcan 
  exclusivamente al poder adjudicador para su utilización en el 
  ejercicio de su propia actividad, y (2) que el servicio 
  prestado sea remunerado íntegramente por el poder adjudicador.

• Las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio 
  público y los contratos de explotación de bienes patrimoniales 
  distintos a los definidos en el artículo 14, que se regularán 
  por su legislación específica salvo en los casos en que 
  expresamente se declaren de aplicación las prescripciones de la 
  presente Ley.

• Los contratos relativos a servicios financieros relacionados 
  con la emisión, compra, venta o transferencia de valores o de 
  otros instrumentos financieros en el sentido de la Directiva 
  2004/39/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
  abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos 
  financieros.

1.6.3 Tipos de contratos

  Contrato de obras

Son contratos de obras aquéllos que tienen por objeto:

• la ejecución de una obra[nota al pie:
Entendiéndose por tal el resultado de un conjunto de trabajos de 
construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí 
mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un 
bien inmueble.
], aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la 
  realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I 
  de la Ley 9/2017; o

• la realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los 
  requisitos fijados por la entidad del sector público 
  contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el 
  proyecto de la obra. 

  Contrato de concesión de obras

La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la 
realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a 
que se refiere el contrato de obras, incluidas las de 
restauración y reparación de construcciones existentes, así como 
la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y 
en el que la contraprestación a favor de aquel consiste, o bien 
únicamente en el derecho a explotar la obra en el sentido del 
apartado cuarto siguiente, o bien en dicho derecho acompañado del 
de percibir un precio.

El contrato, que se ejecutará en todo caso a riesgo y ventura del 
contratista, podrá comprender, además, el siguiente contenido:

• La adecuación, reforma y modernización de la obra para 
  adaptarla a las características técnicas y funcionales 
  requeridas para la correcta prestación de los servicios o la 
  realización de las actividades económicas a las que sirve de 
  soporte material.

• Las actuaciones de reposición y gran reparación que sean 
  exigibles en relación con los elementos que ha de reunir cada 
  una de las obras para mantenerse apta a fin de que los 
  servicios y actividades a los que aquellas sirven puedan ser 
  desarrollados adecuadamente de acuerdo con las exigencias 
  económicas y las demandas sociales.

El contrato de concesión de obras podrá también prever que el 
concesionario esté obligado a proyectar, ejecutar, conservar, 
reponer y reparar aquellas obras que sean accesorias o estén 
vinculadas con la principal y que sean necesarias para que esta 
cumpla la finalidad determinante de su construcción y que 
permitan su mejor funcionamiento y explotación, así como a 
efectuar las actuaciones ambientales relacionadas con las mismas 
que en ellos se prevean. 

  Contrato de concesión de servicios

El contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud uno 
o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una 
o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un 
servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y 
cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a 
explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho 
derecho acompañado del de percibir un precio.

El derecho de explotación de los servicios implicará la 
transferencia al concesionario del riesgo operacional, en los 
mismos términos que los del contrato de concesión de obras.

  Contrato de suministro

Son contratos de suministro los que tienen por objeto la 
adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con 
o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.

En todo caso, se considerarán contratos de suministro los 
siguientes:

• Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una 
  pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario 
  sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de 
  celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las 
  necesidades del adquirente.

• Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de 
  equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento 
  de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión 
  del derecho de uso de estos últimos, en cualquiera de sus 
  modalidades de puesta a disposición, a excepción de los 
  contratos de adquisición de programas de ordenador 
  desarrollados a medida, que se considerarán contratos de 
  servicios.

• Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de 
  ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas con 
  arreglo a características peculiares fijadas previamente por la 
  entidad contratante, aun cuando esta se obligue a aportar, 
  total o parcialmente, los materiales precisos.

• Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o 
  energía transformada.

  Contrato de servicios

Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones 
de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o 
dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o 
suministro (mantenimiento, transportes, contabilidad, 
investigación, consultoría, publicidad, etc.), incluyendo 
aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el 
servicio de forma sucesiva y por precio unitario.

  Contrato mixto

Cuando un contrato contenga prestaciones correspondientes a otro 
u otros de distinta clase se atenderá, en todo caso, para la 
determinación de las normas que deban observarse en su 
adjudicación, al carácter de la prestación que tenga más 
importancia desde el punto de vista económico.

1.6.4 Requisitos para contratar con el sector público

Solo podrán contratar con el sector público las personas 
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de 
contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y 
técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta 
Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación 
empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la 
realización de las prestaciones que constituyan el objeto del 
contrato.

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a 
la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe que 
el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez 
la participación de empresas españolas en la contratación con los 
entes del sector público asimilables a los enumerados en el 
artículo 3 de la Ley 9/2017, en forma sustancialmente análoga. 
Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina 
Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a 
la documentación que se presente. En los contratos sujetos a 
regulación armonizada[nota al pie:
La distinción entre los contratos sujetos a regulación armonizada 
y aquellos que no lo están, se basa en la superación de ciertas 
cuantías económicas, o umbrales comunitarios. Esto permite, a su 
vez, diferenciar el régimen jurídico que se aplica a cada uno de 
ellos.
] se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con 
las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. 
Adicionalmente, el pliego de cláusulas administrativas 
particulares podrá exigir a las empresas no comunitarias que 
resulten adjudicatarias de contratos de obras que abran una 
sucursal en España, con designación de apoderados o 
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el 
Registro Mercantil.

Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo 
caso, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 
Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo que, con arreglo a la legislación del Estado en 
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar 
la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado 
en que se encuentren establecidas estas empresas exija una 
autorización especial o la pertenencia a una determinada 
organización para poder prestar en él el servicio de que se 
trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.

Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios 
que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria 
la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se 
haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. Los 
empresarios que concurran agrupados en uniones temporales 
quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un 
representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes 
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 
contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio 
de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para 
cobros y pagos de cuantía significativa. 

Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran 
en la unión empresarios nacionales, extranjeros que no sean 
nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y extranjeros 
que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, los 
que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su 
clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera 
y técnica o profesional.

1.6.5 Clasificación de las empresas

Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de 
contratos de obras de importe igual o superior a 500.000 euros 
será requisito indispensable que el empresario se encuentre 
debidamente clasificado. Para los contratos de servicios no será 
exigible la clasificación del empresario.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras 
entidades, demostrará al poder adjudicador que va a disponer de 
los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del 
compromiso por escrito de dichas entidades. Cuando una empresa 
recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a 
los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, el 
poder adjudicador podrá exigir formas de responsabilidad conjunta 
entre aquella entidad y las otras en la ejecución del contrato, 
incluso con carácter solidario.

No será exigible la clasificación a los empresarios no españoles 
de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, ya concurran al 
contrato aisladamente o integrados en una unión, sin perjuicio de 
la obligación de acreditar su solvencia.

La clasificación de las empresas se hará en función de su 
solvencia y determinará los contratos a cuya adjudicación puedan 
concurrir u optar por razón de su objeto y de su cuantía. A estos 
efectos, los contratos se dividirán en grupos generales y 
subgrupos, por su peculiar naturaleza, y dentro de estos por 
categorías, en función de su cuantía.

La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor 
estimado del contrato, cuando la duración de este sea igual o 
inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del 
mismo, cuando se trate de contratos de duración superior.

Los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas se 
adoptarán, con eficacia general frente a todos los órganos de 
contratación, por las Comisiones Clasificadoras de la Junta 
Consultiva de Contratación Pública del Estado[nota al pie:
ver https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas 
Tematicas/Contratacion/junta consultiva de contratacion 
administrativa/Paginas/default.aspx
]. Estos acuerdos podrán ser objeto de recurso de alzada ante el 
Ministro de Hacienda y Función Pública.

Los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas se 
inscribirán de oficio en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público que corresponda en 
función del órgano que los hubiese adoptado.

La clasificación de las empresas tendrá una vigencia indefinida 
en tanto se mantengan por el empresario las condiciones y 
circunstancias en que se basó su concesión.

No obstante, para la conservación de la clasificación deberá 
justificarse anualmente el mantenimiento de la solvencia 
económica y financiera y, cada tres años, el de la solvencia 
técnica y profesional, a cuyo efecto el empresario aportará la 
correspondiente declaración responsable o en su defecto la 
documentación actualizada en los términos que se establezcan 
reglamentariamente.

Las clasificaciones que los contratistas deberán tener para poder 
licitar la obra dependerá del tipo de obra dominante, siendo 
posible en ocasiones listar aquellas clasificaciones más 
significativas, en función de la naturaleza de los trabajos.

Los tipos de obras se estructuran en GRUPOS y SUBGRUPOS, como se 
observa en [tab:clasif].

[flotante Cuadro:

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| Grupos y Subgrupos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grupos y Subgrupos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
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| A) Movimiento de tierras y perforaciones. 

1.- Desmontes y vaciados. 

2.- Explanaciones. 

3.- Canteras. 

4.- Pozos y galerías. 

5.- Túneles.                                                                                                                                                                                              | B) Puentes, viaductos y grandes estructuras. 

1.- De fábrica u hormigón en masa. 

2.- De hormigón armado. 

3.- De hormigón pretensado. 

4.- Metálicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
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| C) Edificaciones. 

1.- Demoliciones. 

2.- Estructuras de fábrica u hormigón. 

3.- Estructuras metálicas. 

4.- Albañilería, revocos y revestidos. 

5.- Cantería y marmolería. 

6.- Pavimentos, solados y alicatados. 

7.- Aislamientos e impermeabilizaciones. 

8.- Carpinteria de madera. 

9.- Carpinteria metálica.                  | D) Ferrocarriles. 

1.- Tendido de vías. 

2.- Elevados sobre carril o cable. 

3.- Señalizaciones y enclavamientos. 

4.- Electrificación de ferrocarriles. 

5.- Obras de ferrocarriles sin cualificación específica.                                                                                                                                                                                                                               |
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| E) Hidráulicas. 

1.- Abastecimientos y saneamientos. 

2.- Presas. 

3.- Canales. 

4.- Acequias y desagües. 

5.- Defensas de márgenes y encauzamientos. 

6.- Conducciones con tubería de gran diámetro. 

7.- Obras hidráulicas sin cualificación específica.                                                                              | F) Marítimas. 

1.- Dragados. 

2.- Escolleras. 

3.- Con bloques de hormigón. 

4.- Con cajones de hormigón armado. 

5.- Con pilotes y tablestacas. 

6.- Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 

7.- Obras marítimas sin cualificación específica. 

8.- Emisarios submarinos.                                                                                                                                                             |
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| G) Viales y pistas. 

1.- Autopistas. 

2.- Pistas de aterrizaje. 

3.- Con firmes de hormigón hidráulico. 

4.- Con firmes de mezclas bituminosas. 

5.- Señalizaciones y balizamientos viales. 

6.- Obras viales sin cualificación específica. 

H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos. 

1.- Oleoductos. 

2.- Gaseoductos.  | I) Instalaciones eléctricas. 

1.- Alumbrados, iluminaciones y balizamientos. 

2.- Centrales de producción de energía. 

3.- Líneas eléctricas de transporte. 

4.- Centros de transformación e interconexión. 

5.- Distribuciones de alta tensión. 

6.- Distribuciones de baja tensión. 

7.- Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 

8.- Instalaciones electrónicas. 

9.- Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.  |
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| J) Instalaciones mecánicas. 

1.- Elevadoras o transportadoras. 

2.- De ventilación, calefacción y climatización. 

3.- Frigoríficas. 

4.- Sanitarias. 

5.- Instalaciones mecánicas sin cualificación específica.                                                                                                                           | K) Especiales. 

1.- Cimentaciones especiales. 

2.- Sondeos, inyecciones y pilotajes. 

3.- Tablestacados. 

4.- Pinturas y metalizaciones. 

5.- Ornamentaciones y decoraciones. 

6.- Jardinería y plantaciones. 

7.- Monumentos histórico-artísticos. 

8.- Estaciones de tratamiento de aguas. 

9.- Instalaciones contra incendios.                                                                                                            |
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[Cuadro 1.1: 
<tab:clasif>Tipología de obras para clasificaciones
]
]

1.6.6 Revisión de precios en los contratos del sector público

La revisión de precios en los contratos del Sector Público tendrá 
lugar, en los términos establecidos y salvo que la improcedencia 
de la revisión se hubiese previsto expresamente en los pliegos o 
pactado en el contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al 
menos, en el 20 % de su importe y hubiesen transcurrido dos años 
desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 % ejecutado 
y los dos primeros años transcurridos desde la de formalización 
quedarán excluidos de la revisión.

No obstante, la condición relativa al porcentaje de ejecución del 
contrato no será exigible a efectos de proceder a la revisión 
periódica y predeterminada en los contratos de concesión de 
servicios. Es decir, para este tipo de contratos, la revisión de 
precios podrá tener lugar una vez transcurridos los dos primeros 
años de ejecución del contrato, sin que sea necesario haber 
ejecutado el 20% de la prestación.

No se considerarán revisables en ningún caso los costes asociados 
a las amortizaciones, los costes financieros, los gastos 
generales o de estructura ni el beneficio industrial. Los costes 
de mano de obra de los contratos distintos de los de obra, 
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 
Administraciones Públicas, se revisarán cuando el período de 
recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años y 
la intensidad en el uso del factor trabajo sea considerada 
significativa, de acuerdo con los supuestos y límites 
establecidos en el Real Decreto 55/2017 [5].

El pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato 
deberán detallar, en su caso, la fórmula o sistema de revisión 
aplicable, que será invariable durante la vigencia del contrato.

Las fórmulas tipo que se establezcan reflejarán la ponderación en 
el precio del contrato de los componentes básicos de costes 
relativos al proceso de generación de las prestaciones objeto del 
mismo.

El Instituto Nacional de Estadística elaborará los índices 
mensuales de los precios de los componentes básicos de costes 
incluidos en las fórmulas tipo de revisión de precios de los 
contratos, los cuales serán aprobados por Orden del Ministro de 
Hacienda y Función Pública, previo informe del Comité Superior de 
Precios de Contratos del Estado.

Los índices reflejarán, al alza o a la baja, las variaciones 
reales de los precios de la energía y materiales básicos 
observadas en el mercado y podrán ser únicos para todo el 
territorio nacional o particularizarse por zonas geográficas.

Reglamentariamente se establecerá la relación de componentes 
básicos de costes a incluir en las fórmulas tipo de revisión de 
precios. Dicha relación podrá ser ampliada por Orden del Ministro 
de Hacienda y Función Pública, previo informe de la Junta 
Consultiva de Contratación Pública del Estado cuando así lo exija 
la evolución de los procesos productivos o la aparición de nuevos 
materiales con participación relevante en el coste de 
determinados contratos o la creación de nuevas fórmulas tipo de 
acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y su desarrollo.

Los indicadores o reglas de determinación de cada uno de los 
índices que intervienen en las fórmulas de revisión de precios 
serán establecidos por Orden del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, a propuesta del Comité Superior de Precios de Contratos 
del Estado.

El resultado de aplicar las ponderaciones previstas a los índices 
de precios, proporcionará en cada fecha, un coeficiente que se 
aplicará a los importes líquidos de las prestaciones realizadas 
que tengan derecho a revisión a los efectos de calcular el precio 
que corresponda satisfacer.

El importe de las revisiones que procedan se hará efectivo, de 
oficio, mediante el abono o descuento correspondiente en las 
certificaciones o pagos parciales a cuyo efecto se tramitará a 
comienzo del ejercicio económico el oportuno expediente de gasto 
para su cobertura. Los posibles desajustes que se produjeran 
respecto del expediente de gasto aprobado en el ejercicio, tales 
como los derivados de diferencias temporales en la aprobación de 
los índices de precios aplicables al contrato, se podrán hacer 
efectivos en la certificación final o en la liquidación del 
contrato.

1.6.7 Garantías en contratos con el sector público

En el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de 
garantía provisional, salvo cuando de forma excepcional el órgano 
de contratación, por motivos de interés público, lo considere 
necesario y lo justifique motivadamente en el expediente. En este 
último caso, se podrá exigir a los licitadores la constitución 
previa de una garantía que responda del mantenimiento de sus 
ofertas hasta la perfección del contrato. 

En los casos en que el órgano de contratación haya acordado la 
exigencia de garantía provisional, en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares se determinará el importe de la 
misma, que no podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto 
base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido y el régimen de su devolución.

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será 
devuelta a los licitadores inmediatamente después de la 
perfección del contrato. En todo caso, la garantía provisional se 
devolverá al licitador seleccionado como adjudicatario cuando 
haya constituido la garantía definitiva, pudiendo aplicar el 
importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a 
una nueva constitución de esta última.

Los que resulten adjudicatarios provisionales de los contratos 
que celebren las Administraciones Públicas, deberán constituir a 
disposición del órgano de contratación una garantía definitiva de 
un 5% del precio final ofertado por aquellos, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. En el caso de los contratos con 
precios provisionales, el porcentaje se calculará con referencia 
al precio máximo fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido.

No obstante, atendidas las circunstancias concurrentes en el 
contrato, el órgano de contratación podrá eximir al adjudicatario 
de la obligación de constituir garantía definitiva, 
justificándolo adecuadamente en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, especialmente en el caso de 
suministros de bienes consumibles cuya entrega y recepción deba 
efectuarse antes del pago del precio, contratos que tengan por 
objeto la prestación de servicios sociales o la inclusión social 
o laboral de personas pertenecientes a colectivos en riesgo de 
exclusión social, así como en los contratos privados de la 
Administración a los que se refieren los puntos 1.º y 2.º de la 
letra a) del apartado 1 del artículo 25 de la Ley 9/2017. Esta 
exención no será posible en el caso de contratos de obras, ni de 
concesión de obras.

En casos especiales, el órgano de contratación podrá establecer 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares que, 
además de la garantía a que se refiere el apartado anterior, se 
preste una complementaria de hasta un 5% del importe de 
adjudicación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, pudiendo alcanzar la garantía total un 10% del citado 
precio.

Cuando la cuantía del contrato se determine en función de precios 
unitarios, el importe de la garantía a constituir se fijará 
atendiendo al presupuesto base de licitación, IVA excluido.

La garantía responderá de los siguientes conceptos:

• De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de 
  conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley 
  9/2017.

• De las penalidades impuestas al contratista conforme al 
  artículo 192 de la Ley 9/2017.

• De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el 
  contrato incluidas las mejoras que ofertadas por el contratista 
  hayan sido aceptadas por el órgano de contratación, de los 
  gastos originados a la Administración por la demora del 
  contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los 
  daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la 
  ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no 
  proceda su resolución.

• De la incautación que puede decretarse en los casos de 
  resolución del contrato, de acuerdo con lo que en él o en la 
  Ley 9/2017 esté establecido.

• Además, en los contratos de obras, de servicios y de 
  suministros, la garantía definitiva responderá de la 
  inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos o 
  suministrados o de los servicios prestados durante el plazo de 
  garantía que se haya previsto en el contrato.

Para hacer efectivas las garantías, tanto provisionales como 
definitivas, la Administración contratante tendrá preferencia 
sobre cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del 
mismo y el título del que derive su crédito.

Cuando la garantía no sea bastante para cubrir las 
responsabilidades a las que está afecta, la Administración 
procederá al cobro de la diferencia mediante el procedimiento 
administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las 
normas de recaudación.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya 
producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido 
satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se 
declare la resolución de este sin culpa del contratista.

Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de 
garantía, si no resultaren responsabilidades se devolverá la 
garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución.

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al 
interesado en el plazo de dos meses desde la finalización del 
plazo de garantía. Transcurrido el mismo, la Administración 
deberá abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada 
con el interés legal del dinero correspondiente al período 
transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha 
de la devolución de la garantía, si esta no se hubiera hecho 
efectiva por causa imputable a la Administración.

1.6.8 Preparación del contrato

La celebración de contratos por parte de las Administraciones 
Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente 
expediente, que se iniciará por el órgano de contratación 
motivando la necesidad del contrato.

Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de 
crédito o, en el caso de entidades del sector público estatal con 
presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la 
existencia de financiación, y la fiscalización previa de la 
intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes 
correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una 
necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar 
por razones de interés público. A tales efectos el expediente 
deberá contener la declaración de urgencia hecha por el órgano de 
contratación, debidamente motivada.

Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a 
causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que 
supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa 
nacional, se estará al siguiente régimen excepcional (tramitación 
de emergencia):

• El órgano de contratación, sin obligación de tramitar 
  expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo 
  necesario para remediar el acontecimiento producido o 
  satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su 
  objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos 
  formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la 
  existencia de crédito suficiente. En caso de que no exista 
  crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se 
  procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la 
  Ley General Presupuestaria.

• Si el contrato ha sido celebrado por la Administración General 
  del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y 
  Servicios Comunes de la Seguridad Social o demás entidades 
  públicas estatales, se dará cuenta de dichos acuerdos al 
  Consejo de Ministros en el plazo máximo de treinta días.

• El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá 
  ser superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo 
  previsto en el primer punto. Si se excediese este plazo, la 
  contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de 
  un procedimiento ordinario.

• Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, 
  se observará lo dispuesto en la Ley 9/2017 sobre cumplimiento 
  de los contratos, recepción y liquidación de la prestación.

1.6.9 El proyecto de obras y el replanteo

En los términos previstos en la Ley 9/2017, la adjudicación de un 
contrato de obras requerirá la previa elaboración, supervisión, 
aprobación y replanteo del correspondiente proyecto que definirá 
con precisión el objeto del contrato. La aprobación del proyecto 
corresponderá al órgano de contratación salvo que tal competencia 
esté específicamente atribuida a otro órgano por una norma 
jurídica.

En el supuesto de adjudicación conjunta de proyecto y obra, la 
ejecución de ésta quedará condicionada a la supervisión, 
aprobación y replanteo del proyecto por el órgano de 
contratación.

A los efectos de elaboración de los proyectos se clasificarán las 
obras, según su objeto y naturaleza, en los grupos siguientes:

• Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, 
  rehabilitación o gran reparación.

• Obras de reparación simple.

• Obras de conservación y mantenimiento.

• Obras de demolición.

Son obras de primer establecimiento las que dan lugar a la 
creación de un bien inmueble.

El concepto general de reforma abarca el conjunto de obras de 
ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o 
refuerzo de un bien inmueble ya existente.

Se consideran como obras de reparación las necesarias para 
enmendar un menoscabo producido en un bien inmueble por causas 
fortuitas o accidentales. Cuando afecten fundamentalmente a la 
estructura resistente tendrán la calificación de gran reparación 
y, en caso contrario, de reparación simple.

Los proyectos de obras deberán comprender, al menos:

1. Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que 
  recogerá los antecedentes y situación previa a las mismas, las 
  necesidades a satisfacer y la justificación de la solución 
  adoptada, detallándose los factores de todo orden a tener en 
  cuenta.

2. Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la 
  obra quede perfectamente definida, así como los que delimiten 
  la ocupación de terrenos y la restitución de servidumbres y 
  demás derechos reales, en su caso, y servicios afectados por su 
  ejecución.

3. El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se 
  hará la descripción de las obras y se regulará su ejecución, 
  con expresión de la forma en que esta se llevará a cabo, las 
  obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, 
  y la manera en que se llevará a cabo la medición de las 
  unidades ejecutadas y el control de calidad de los materiales 
  empleados y del proceso de ejecución.

4. Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con 
  expresión de los precios unitarios y de los descompuestos, en 
  su caso, estado de mediciones y los detalles precisos para su 
  valoración. El presupuesto se ordenará por obras elementales, 
  en los términos que reglamentariamente se establezcan.

5. Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de 
  carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y 
  coste.

6. Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el 
  replanteo de la obra.

7. El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio 
  básico de seguridad y salud, en los términos previstos en las 
  normas de seguridad y salud en las obras.

8. Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter 
  legal o reglamentario.

No obstante, para los proyectos de obras de primer 
establecimiento, reforma o gran reparación inferiores a 500.000 
euros de presupuesto base de licitación, IVA excluido, y para los 
restantes proyectos enumerados en el artículo anterior, se podrá 
simplificar, refundir o incluso suprimir, alguno o algunos de los 
documentos anteriores en la forma que en las normas de desarrollo 
de esta Ley se determine, siempre que la documentación resultante 
sea suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras que 
comprenda. No obstante, solo podrá prescindirse de la 
documentación indicada en el punto 7 anterior en los casos en que 
así esté previsto en la normativa específica que la regula.

La contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la 
ejecución de las obras correspondientes tendrá carácter 
excepcional y solo podrá efectuarse en los siguientes supuestos 
cuya concurrencia deberá justificarse debidamente en el 
expediente:

• Cuando motivos de orden técnico obliguen necesariamente a 
  vincular al empresario a los estudios de las obras. Estos 
  motivos deben estar ligados al destino o a las técnicas de 
  ejecución de la obra.

• Cuando se trate de obras cuya dimensión excepcional o 
  dificultades técnicas singulares, requieran soluciones 
  aportadas con medios y capacidad técnica propias de las 
  empresas.

En todo caso, la licitación de este tipo de contrato requerirá la 
redacción previa por la Administración o entidad contratante del 
correspondiente anteproyecto o documento similar y solo, cuando 
por causas justificadas fuera conveniente al interés público, 
podrá limitarse a redactar las bases técnicas a que el proyecto 
deba ajustarse.

El contratista presentará el proyecto al órgano de contratación 
para su supervisión, aprobación y replanteo. Si se observaren 
defectos o referencias de precios inadecuados en el proyecto 
recibido se requerirá su subsanación del contratista, sin que 
pueda iniciarse la ejecución de obra hasta que se proceda a una 
nueva supervisión, aprobación y replanteo del proyecto. En el 
supuesto de que el órgano de contratación y el contratista no 
llegaren a un acuerdo sobre los precios, el último quedará 
exonerado de ejecutar las obras, sin otro derecho frente al 
órgano de contratación que el pago de los trabajos de redacción 
del correspondiente proyecto.

Antes de la aprobación del proyecto, cuando el presupuesto base 
de licitación del contrato de obras sea igual o superior a 
500.000 euros, IVA excluido, los órganos de contratación deberán 
solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades 
de supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se 
han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter 
legal o reglamentario así como la normativa técnica que resulten 
de aplicación para cada tipo de proyecto. En los proyectos de 
cuantía inferior a la señalada, el informe tendrá carácter 
facultativo[nota al pie:
Opcional, no obligatorio.
], salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, 
seguridad o estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de 
supervisión será igualmente preceptivo[nota al pie:
Que tiene que hacerse o cumplirse.
].

Aprobado el proyecto y previamente a la aprobación del expediente 
de contratación de la obra, se procederá a efectuar el replanteo 
del mismo, el cual consistirá en comprobar la realidad geométrica 
de la misma y la disponibilidad de los terrenos precisos para su 
normal ejecución. Asimismo se deberán comprobar cuantos supuestos 
figuren en el proyecto elaborado y sean básicos para el contrato 
a celebrar.

En la tramitación de los expedientes de contratación referentes a 
obras de infraestructuras hidráulicas, de transporte y de 
carreteras, se dispensará del requisito previo de disponibilidad 
de los terrenos, si bien no se podrá iniciar la ejecución de las 
obras en tanto no se haya formalizado la ocupación en virtud de 
la vigente Ley de Expropiación Forzosa.

En los casos de cesión de terrenos o locales por Entidades 
públicas, será suficiente para acreditar la disponibilidad de los 
terrenos, la aportación de los acuerdos de cesión y aceptación 
por los órganos competentes.

Una vez realizado el replanteo se incorporará el proyecto al 
expediente de contratación.

1.6.10 Selección del adjudicatario

La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una 
pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio 
de mejor relación calidad-precio, y utilizando el procedimiento 
abierto o el procedimiento restringido, salvo los contratos de 
concesión de servicios especiales del Anexo IV de la Leu 9/2017, 
que se adjudicarán mediante este último procedimiento. 

Los criterios cualitativos que establezca el órgano de 
contratación para evaluar la mejor relación calidad-precio podrán 
incluir aspectos medioambientales o sociales, que podrán ser, 
entre otros, los siguientes:

1. La calidad, incluido el valor técnico, las características 
  estéticas y funcionales, la accesibilidad, el diseño universal 
  o diseño para todas las personas usuarias, las características 
  sociales, medioambientales e innovadoras, y la comercialización 
  y sus condiciones;

  Las características medioambientales podrán referirse, entre 
  otras, a la reducción del nivel de emisión de gases de efecto 
  invernadero; al empleo de medidas de ahorro y eficiencia 
  energética y a la utilización de energía procedentes de fuentes 
  renovables durante la ejecución del contrato; y al 
  mantenimiento o mejora de los recursos naturales que puedan 
  verse afectados por la ejecución del contrato.

  Las características sociales del contrato se referirán, entre 
  otras, a las siguientes finalidades: al fomento de la 
  integración social de personas con discapacidad, personas 
  desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las 
  personas asignadas a la ejecución del contrato y, en general, 
  la inserción sociolaboral de personas con discapacidad o en 
  situación o riesgo de exclusión social; la subcontratación con 
  Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción; los 
  planes de igualdad de género que se apliquen en la ejecución 
  del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y 
  hombres; el fomento de la contratación femenina; la 
  conciliación de la vida laboral, personal y familiar; la mejora 
  de las condiciones laborales y salariales; la estabilidad en el 
  empleo; la contratación de un mayor número de personas para la 
  ejecución del contrato; la formación y la protección de la 
  salud y la seguridad en el trabajo; la aplicación de criterios 
  éticos y de responsabilidad social a la prestación contractual; 
  o los criterios referidos al suministro o a la utilización de 
  productos basados en un comercio equitativo durante la 
  ejecución del contrato.

2. La organización, cualificación y experiencia del personal 
  adscrito al contrato que vaya a ejecutar el mismo, siempre y 
  cuando la calidad de dicho personal pueda afectar de manera 
  significativa a su mejor ejecución.

3. El servicio posventa y la asistencia técnica y condiciones de 
  entrega tales como la fecha en que esta última debe producirse, 
  el proceso de entrega, el plazo de entrega o ejecución y los 
  compromisos relativos a recambios y seguridad del suministro.

Salvo cuando se tome en consideración el precio exclusivamente, 
deberá precisarse en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares o en el documento descriptivo la ponderación 
relativa atribuida a cada uno de los criterios de valoración, que 
podrá expresarse fijando una banda de valores con una amplitud 
máxima adecuada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados primero y tercero 
del artículo 145, cuando solo se utilice un criterio de 
adjudicación, este deberá estar relacionado con los costes, 
pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, 
como el coste del ciclo de vida. 

Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, 
en su determinación, siempre y cuando sea posible, se dará 
preponderancia a aquellos que hagan referencia a características 
del objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o 
porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las 
fórmulas establecidas en los pliegos. La aplicación de los 
criterios de adjudicación se efectuará por los siguientes 
órganos:

• En los procedimientos de adjudicación, abierto o restringido, 
  celebrados por los órganos de las Administraciones Públicas, la 
  valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un 
  juicio de valor corresponderá, en los casos en que proceda por 
  tener atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a 
  los criterios evaluables de forma automática, a un comité 
  formado por expertos con cualificación apropiada, que cuente 
  con un mínimo de tres miembros, que podrán pertenecer a los 
  servicios dependientes del órgano de contratación, pero en 
  ningún caso podrán estar adscritos al órgano proponente del 
  contrato, al que corresponderá realizar la evaluación de las 
  ofertas; o encomendar esta a un organismo técnico 
  especializado, debidamente identificado en los pliegos.

• En los restantes supuestos, la valoración de los criterios cuya 
  cuantificación dependa de un juicio de valor, así como, en todo 
  caso, la de los criterios evaluables mediante la utilización de 
  fórmulas, se efectuará por la mesa de contratación, si 
  interviene, o por los servicios dependientes del órgano de 
  contratación en caso contrario, a cuyo efecto se podrán 
  solicitar los informes técnicos que considere precisos.

La mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de 
contratación deberá identificar las ofertas que se encuentran 
incursas en presunción de anormalidad, debiendo contemplarse en 
los pliegos, a estos efectos, los parámetros objetivos que 
deberán permitir identificar los casos en que una oferta se 
considere anormal. En los casos en que el órgano de contratación 
presuma que una oferta resulta inviable por haber sido formulada 
en términos que la hacen anormalmente baja, podrá excluirla del 
procedimiento de licitación previa tramitación del procedimiento 
que establece el artículo 149 de la Ley 9/2017.

La mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de 
contratación clasificará, por orden decreciente, las 
proposiciones presentadas para posteriormente elevar la 
correspondiente propuesta al órgano de contratación, en el caso 
de que la clasificación se realice por la mesa de contratación. 
Para realizar la citada clasificación, se atenderá a los 
criterios de adjudicación señalados en el pliego, pudiéndose 
solicitar para ello cuantos informes técnicos se estime 
pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, 
se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el precio 
más bajo.

El órgano de contratación no podrá declarar desierta una 
licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará 
a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el 
perfil de contratante en el plazo de 15 días.

  Procedimiento abierto

En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá 
presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de 
los términos del contrato con los licitadores.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artículo 135 
de la Ley 9/2017, respecto de la obligación de publicar 
previamente en el «Diario Oficial de la Unión Europea», en los 
procedimientos abiertos la publicación del anuncio de licitación 
en el perfil de contratante deberá hacerse, en todo caso, con una 
antelación mínima equivalente al plazo fijado para la 
presentación de las proposiciones en el apartado siguiente.

La Mesa de contratación calificará la documentación que deberá 
presentarse por los licitadores (artículo 140) en sobre o archivo 
electrónico distinto al que contenga la proposición. 
Posteriormente, el mismo órgano procederá a la apertura y examen 
de las proposiciones, formulando la correspondiente propuesta de 
adjudicación al órgano de contratación, una vez ponderados los 
criterios que deban aplicarse para efectuar la selección del 
adjudicatario.

Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, 
los licitadores deberán presentar la proposición en dos sobres o 
archivos electrónicos: uno con la documentación que deba ser 
valorada conforme a los criterios cuya ponderación depende de un 
juicio de valor, y el otro con la documentación que deba ser 
valorada conforme a criterios cuantificables mediante la mera 
aplicación de fórmulas. En todo caso, la apertura de las 
proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días 
contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar 
las mismas. Así mismo, la apertura de la oferta económica se 
realizará en acto público, salvo cuando se prevea que en la 
licitación puedan emplearse medios electrónicos.

Cuando para la valoración de las proposiciones hayan de tenerse 
en cuenta criterios distintos al del precio, el órgano competente 
para ello podrá solicitar, antes de formular su propuesta, 
cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrán 
solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las 
ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego.

Cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del 
contrato sea el del precio, la adjudicación deberá recaer en el 
plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de 
apertura de las proposiciones.

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta 
una pluralidad de criterios, o utilizándose un único criterio sea 
este el del menor coste del ciclo de vida, el plazo máximo para 
efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la 
apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido 
otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, 
los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición, y a la 
devolución de la garantía provisional, de existir esta. 

  Procedimiento abierto simplificado

Los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un 
procedimiento abierto simplificado en los contratos de obras, 
suministro y servicios cuando se cumplan las dos condiciones 
siguientes:

• Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros 
  en el caso de contratos de obras, y en el caso de contratos de 
  suministro y de servicios, que su valor estimado sea igual o 
  inferior a 100.000 euros.

• Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego 
  no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de 
  haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por ciento 
  del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto 
  prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de 
  ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no podrá 
  superar el cuarenta y cinco por ciento del total.



El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser 
inferior a quince días a contar desde el siguiente a la 
publicación en el perfil de contratante del anuncio de 
licitación. En los contratos de obras el plazo será como mínimo 
de veinte días.

En estos casos, no procederá la constitución de garantía 
provisional por parte de los licitadores.

  Procedimiento restringido

En el procedimiento restringido cualquier empresa interesada 
podrá presentar una solicitud de participación en respuesta a una 
convocatoria de licitación. Sin embargo, en el procedimiento 
restringido sólo podrán presentar proposiciones aquellos 
empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, 
sean seleccionados por el órgano de contratación. En este 
procedimiento estará prohibida toda negociación de los términos 
del contrato con los solicitantes o candidatos.

Con carácter previo al anuncio de la licitación, el órgano de 
contratación deberá haber establecido los criterios objetivos de 
solvencia, con arreglo a los cuales serán elegidos los candidatos 
que serán invitados a presentar proposiciones.

El órgano de contratación señalará el número mínimo de 
empresarios a los que invitará a participar en el procedimiento, 
que no podrá ser inferior a cinco. Si así lo estima procedente, 
el órgano de contratación podrá igualmente fijar el número máximo 
de candidatos a los que se invitará a presentar oferta.

En cualquier caso, el número de candidatos invitados debe ser 
suficiente para garantizar una competencia efectiva.

Los criterios o normas objetivos y no discriminatorios con 
arreglo a los cuales se seleccionará a los candidatos, así como 
el número mínimo y, en su caso, el número máximo de aquellos a 
los que se invitará a presentar proposiciones se indicarán en el 
anuncio de licitación.

El plazo general de presentación de proposiciones en los 
procedimientos restringidos relativos a contratos sujetos a 
regulación armonizada será el suficiente para la adecuada 
elaboración de las proposiciones en función del alcance y 
complejidad del contrato. En cualquier caso no será inferior a 
treinta días, contados a partir de la fecha de envío de la 
invitación escrita. Si el órgano de contratación aceptara la 
presentación de ofertas por medios electrónicos, podrá reducirse 
el plazo general de presentación de proposiciones en cinco días.

En los procedimientos restringidos relativos a contratos no 
sujetos a regulación armonizada, el plazo para la presentación de 
proposiciones no será inferior a diez días, contados desde la 
fecha de envío de la invitación. 

El órgano de contratación, una vez comprobada la personalidad y 
solvencia de los solicitantes, seleccionará a los que deban pasar 
a la siguiente fase, a los que invitará, simultáneamente y por 
escrito, a presentar sus proposiciones en el plazo que proceda.

Las invitaciones contendrán una referencia al anuncio de 
licitación publicado e indicarán la fecha límite para la 
recepción de ofertas; la dirección a la que deban enviarse y la 
lengua o lenguas en que deban estar redactadas; los documentos 
que, en su caso, se deban adjuntar complementariamente; los 
criterios de adjudicación del contrato que se tendrán en cuenta y 
su ponderación relativa o, en su caso, el orden decreciente de 
importancia atribuido a los mismos, si no figurasen en el anuncio 
de licitación; y el lugar, día y hora de la apertura de 
proposiciones.

La invitación a los candidatos contendrá las indicaciones 
pertinentes para permitir el acceso por medios electrónicos a los 
pliegos y demás documentación complementaria.

En la adjudicación del contrato será de aplicación lo previsto en 
la Ley 9/2017 para el procedimiento abierto, salvo lo que se 
refiere a la necesidad de calificar previamente la documentación 
a que se refiere el artículo 140.

  Procedimiento negociado

En los procedimientos con negociación la adjudicación recaerá en 
el licitador justificadamente elegido por el órgano de 
contratación, tras negociar las condiciones del contrato con uno 
o varios candidatos.

Los procedimientos con negociación podrán utilizarse en los 
siguientes casos, entre otros:

• Cuando para dar satisfacción a las necesidades del órgano de 
  contratación resulte imprescindible que la prestación, tal y 
  como se encuentra disponible en el mercado, sea objeto de un 
  trabajo previo de diseño o de adaptación por parte de los 
  licitadores.

• Cuando la prestación objeto del contrato incluya un proyecto o 
  soluciones innovadoras.

• Cuando el contrato no pueda adjudicarse sin negociaciones 
  previas debido a circunstancias específicas vinculadas a la 
  naturaleza, la complejidad o la configuración jurídica o 
  financiera de la prestación que constituya su objeto, o por los 
  riesgos inherentes a la misma.

• Cuando el órgano de contratación no pueda establecer con la 
  suficiente precisión las especificaciones técnicas por 
  referencia a una norma, evaluación técnica europea, 
  especificación técnica común o referencia técnica, en los 
  términos establecidos en la Ley 9/2017.

• Cuando en los procedimientos abiertos o restringidos seguidos 
  previamente solo se hubieren presentado ofertas irregulares o 
  inaceptables.

  Se considerarán irregulares, en particular, las ofertas que no 
  correspondan a los pliegos de la contratación, que se hayan 
  recibido fuera de plazo, que muestren indicios de colusión[nota al pie:
Pacto ilícito.
] o corrupción o que hayan sido consideradas anormalmente bajas 
  por el órgano de contratación. Se considerarán inaceptables, en 
  particular, las ofertas presentadas por licitadores que no 
  posean la cualificación requerida y las ofertas cuyo precio 
  rebase el presupuesto del órgano de contratación tal como se 
  haya determinado y documentado antes del inicio del 
  procedimiento de contratación.

• Cuando se trate de contratos de servicios sociales 
  personalísimos que tengan por una de sus características 
  determinantes el arraigo de la persona en el entorno de 
  atención social, siempre que el objeto del contrato consista en 
  dotar de continuidad en la atención a las personas que ya eran 
  beneficiarias de dicho servicio.

Salvo que se dieran circunstancias excepcionales (artículo 168 de 
la Ley 9/2017), los órganos de contratación deberán publicar un 
anuncio de licitación. 

Serán de aplicación a la tramitación del procedimiento de 
licitación con negociación, las normas relativas al procedimiento 
restringido sobre las solcitudes de participación (artículo 161), 
la selección de candidadtos (artículos 162), el contenido de las 
invitacionse e información a los candidatos (artículo 163), entre 
otras. No obstante, en caso de que se decida limitar el número de 
empresas a las que se invitará a negociar, el órgano de 
contratación y los servicios dependientes de él, en todo caso, 
deberán asegurarse de que el número mínimo de candidatos 
invitados será de tres. Cuando el número de candidatos que 
cumplan con los criterios de selección sea inferior a ese número 
mínimo, el órgano de contratación podrá continuar el 
procedimiento con los que reúnen las condiciones exigidas, sin 
que pueda invitarse a empresarios que no hayan solicitado 
participar en el mismo, o a candidatos que no posean esas 
condiciones.

Los órganos de contratación podrán articular el procedimiento 
regulado en el presente artículo en fases sucesivas, a fin de 
reducir progresivamente el número de ofertas a negociar mediante 
la aplicación de los criterios de adjudicación señalados en el 
anuncio de licitación o en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, indicándose en estos si se va a hacer uso de esta 
facultad. El número de soluciones que lleguen hasta la fase final 
deberá ser lo suficientemente amplio como para garantizar una 
competencia efectiva, siempre que se hayan presentado un número 
suficiente de soluciones o de candidatos adecuados.

Los órganos de contratación, en su caso, a través de los 
servicios técnicos de ellos dependientes, negociarán con los 
licitadores las ofertas iniciales y todas las ofertas ulteriores 
presentadas por éstos que tos hayan presentado para mejorar su 
contenido y para adaptarlas a los requisitos indicados en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y en el anuncio 
de licitación, en su caso, y en los posibles documentos 
complementarios, con el fin de identificar la mejor oferta. No se 
negociarán los requisitos mínimos de la prestación objeto del 
contrato ni tampoco los criterios de adjudicación.

A petición del licitador que haya presentado una oferta 
admisible, la mesa de contratación, o en su defecto, los 
servicios dependientes del órgano de contratación, comunicará lo 
antes posible y en todo caso dentro de los quince días siguientes 
al de recepción de la solicitud por escrito de aquel, el 
desarrollo de las negociaciones. No obstante lo anterior, la mesa 
o en su defecto, el órgano de contratación, podrá no comunicar 
determinados datos amparándose en la excepción de 
confidencialidad.

  Diálogo competitivo

En el diálogo competitivo, la mesa especial de diálogo 
competitivo dirige un diálogo con los candidatos seleccionados, 
previa solicitud de los mismos, a fin de desarrollar una o varias 
soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades y que 
servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una 
oferta.

El procedimiento de diálogo competitivo podrá utilizarse en los 
mismos casos enumerados para el procedimiento negociado.

Con el objetivo de fomentar la participación de las empresas que 
puedan ofrecer las soluciones más apropiadas e innovadoras, los 
órganos de contratación podrán establecer en el documento 
descriptivo primas o compensaciones para todos o algunos de los 
participantes en el diálogo.

Los órganos de contratación darán a conocer sus necesidades y 
requisitos en el anuncio de licitación y los definirán en dicho 
anuncio o en un documento descriptivo, que no podrá ser 
modificado posteriormente. Al mismo tiempo y en los mismos 
documentos, los órganos de contratación también darán a conocer y 
definirán los criterios de adjudicación elegidos y darán un plazo 
de ejecución aproximado. En caso de que se decida limitar el 
número de empresas a las que se invitará a dialogar, el órgano de 
contratación en todo caso deberá asegurase de que el número 
mínimo de candidatos capacitados para ejecutar el objeto del 
contrato será de tres.

La mesa especial del diálogo competitivo desarrollará con los 
candidatos seleccionados un diálogo cuyo fin será determinar y 
definir los medios adecuados para satisfacer sus necesidades. En 
el transcurso de este diálogo, podrán debatirse todos los 
aspectos del contrato con los candidatos seleccionados.

Durante el diálogo, la mesa dará un trato igual a todos los 
licitadores y, en particular, no facilitará, de forma 
discriminatoria, información que pueda dar ventajas a 
determinados licitadores con respecto al resto. La mesa no podrá 
revelar a los demás participantes las soluciones propuestas por 
un participante u otros datos confidenciales que este les 
comunique sin previo consentimiento de este.

El procedimiento podrá articularse en fases sucesivas, a fin de 
reducir progresivamente el número de soluciones a examinar 
durante la fase de diálogo mediante la aplicación de los 
criterios de adjudicación indicados en el anuncio de licitación o 
en el documento descriptivo, indicándose en estos si se va a 
hacer uso de esta posibilidad. El número de soluciones que se 
examinen en la fase final deberá ser lo suficientemente amplio 
como para garantizar una competencia efectiva entre ellas, 
siempre que se hayan presentado un número suficiente de 
soluciones o de candidatos adecuados.

La mesa proseguirá el diálogo hasta que se encuentre en 
condiciones de determinar, después de compararlas, si es preciso, 
la solución o soluciones presentadas por cada uno de los 
participantes durante la fase de diálogo, que puedan responder a 
sus necesidades.

Tras declarar cerrado el diálogo por el órgano de contratación e 
informar de ello a todos los participantes, la mesa invitará a 
los participantes cuyas soluciones hayan sido ya adoptadas a que 
presenten su oferta definitiva, basada en su solución o 
soluciones viables especificadas durante la fase de diálogo, 
indicando la fecha límite, la dirección a la que deba enviarse y 
la lengua o lenguas en que puedan estar redactadas.

  Procedimiento de asociación para la innovación

La asociación para la innovación es un procedimiento que tiene 
como finalidad el desarrollo de productos, servicios u obras 
innovadores y la compra ulterior de los suministros, servicios u 
obras resultantes, siempre que correspondan a los niveles de 
rendimiento y a los costes máximos acordados entre los órganos de 
contratación y los participantes.

A tal efecto, en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, el órgano de contratación determinará cuál es la 
necesidad de un producto, servicio u obra innovadores que no 
puede ser satisfecha mediante la adquisición de productos, 
servicios u obras ya disponibles en el mercado. Indicará asimismo 
qué elementos de la descripción constituyen los requisitos 
mínimos que han de cumplir todos los licitadores, y definirá las 
disposiciones aplicables a los derechos de propiedad intelectual 
e industrial. La información facilitada será lo suficientemente 
precisa como para que los empresarios puedan identificar la 
naturaleza y el ámbito de la solución requerida y decidir si 
solicitan participar en el procedimiento.

El órgano de contratación podrá decidir crear la asociación para 
la innovación con uno o varios socios que efectúen por separado 
actividades de investigación y desarrollo.

Los contratos que se adjudiquen por este procedimiento se 
regirán:

• En la fase de investigación y desarrollo, por las normas que se 
  establezcan reglamentariamente, así como por las prescripciones 
  contenidas en los correspondientes pliegos, y supletoriamente 
  por las normas del contrato de servicios.

• En la fase de ejecución de las obras, servicios o suministros 
  derivados de este procedimiento, por las normas 
  correspondientes al contrato relativo a la prestación de que se 
  trate.

En las asociaciones para la innovación, cualquier empresario 
podrá presentar una solicitud de participación en respuesta a una 
convocatoria de licitación, proporcionando la información sobre 
los criterios objetivos de solvencia que haya solicitado el 
órgano de contratación. El plazo mínimo para la recepción de las 
solicitudes de participación será de treinta días a partir de la 
fecha de envío del anuncio de licitación, cuando el contrato esté 
sujeto a regulación armonizada. En otro caso, dicho plazo no 
podrá ser inferior a veinte días contados desde la publicación 
del anuncio de licitación en el perfil de contratante.

Para seleccionar a los candidatos, los órganos de contratación 
aplicarán, en particular, criterios objetivos de solvencia 
relativos a la capacidad de los candidatos en los ámbitos de la 
investigación y del desarrollo, así como en la elaboración y 
aplicación de soluciones innovadoras. Los órganos de contratación 
podrán limitar el número de candidatos aptos que hayan de ser 
invitados a participar en el procedimiento, siendo tres el número 
mínimo de empresarios a los que se invitará a negociar.

Solo los empresarios a los que invite el órgano de contratación 
tras evaluar la información solicitada podrán presentar proyectos 
de investigación e innovación destinados a responder a las 
necesidades señaladas por el órgano de contratación que no puedan 
satisfacerse con las soluciones existentes. Los contratos se 
adjudicarán únicamente con arreglo al criterio de la mejor 
relación calidad-precio.

Salvo que se disponga de otro modo, los órganos de contratación 
negociarán con los candidatos seleccionados las ofertas iniciales 
y todas las ofertas ulteriores presentadas por estos, excepto la 
oferta definitiva, con el fin de mejorar su contenido. No se 
negociarán los requisitos mínimos ni los criterios de 
adjudicación.

Las negociaciones durante los procedimientos de las asociaciones 
para la innovación podrán desarrollarse en fases sucesivas, a fin 
de reducir el número de ofertas que haya que negociar, aplicando 
los criterios de adjudicación especificados en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y recogidos en el anuncio 
de licitación. El órgano de contratación indicará claramente en 
el anuncio de licitación y en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares si va a hacer uso de esta opción.

La asociación para la innovación se estructurará en fases 
sucesivas siguiendo la secuencia de las etapas del proceso de 
investigación e innovación, que podrá incluir la fabricación de 
los productos, la prestación de los servicios o la realización de 
las obras. La asociación para la innovación fijará unos objetivos 
intermedios que deberán alcanzar los socios y proveerá el pago de 
la retribución en plazos adecuados. Sobre la base de esos 
objetivos, el órgano de contratación podrá decidir, al final de 
cada fase, resolver la asociación para la innovación o, en el 
caso de una asociación para la innovación con varios socios, 
reducir el número de socios mediante la resolución de los 
contratos individuales, siempre que el órgano de contratación 
haya indicado en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares que puede hacer uso de estas posibilidades y las 
condiciones en que puede hacerlo.

El órgano de contratación velará por que la estructura de la 
asociación y, en particular, la duración y el valor de las 
diferentes fases reflejen el grado de innovación de la solución 
propuesta y la secuencia de las actividades de investigación y de 
innovación necesarias para el desarrollo de una solución 
innovadora aún no disponible en el mercado. El valor estimado de 
los suministros, servicios u obras no será desproporcionado con 
respecto a la inversión necesaria para su desarrollo.






1.7 Emisión y seguimiento de pedidos

El proceso de solicitud de pedidos comienza cuando el comprador 
emite una orden y finaliza cuando el pedido es aceptado por el 
proveedor. 

La ubicación en el tiempo de una orden de pedido puede variar 
desde un número de días por mail a unos pocos segundos por 
Internet o EDI. Otros métodos de solicitud de pedidos son: 
Teléfono, fax, y reuniones entre el comprador y el proveedor. 
Otras tendencias actuales de gestión de pedidos de 
aprovisionamiento se refieren al sistema Vendor Managed Inventory 
(VMI) y el e-procurement. 

Es bastante probable que la fabricación de determinados bienes 
consumidos por el proyecto puedan requerir la realización de 
determinadas pruebas u ensayos homologados y que requerirán por 
tanto certificación documental. En determinados casos esas 
pruebas podrán ser realizadas por personal propio y a tal fín se 
deberán conocer las fechas previstas para la realización de 
dichas pruebas. Es lo que se conoce con el nombre popular de 
Programa de Puntos de Inspección (PPI).

Este programa se encuentra inmerso en el calendario conjunto de 
actuaciones por parte del proveedor y cuyo seguimiento es 
responsabilidad del personal de aprovisionamientos 
(específicamente conocidos con el nombre de activación de 
pedidos), al objeto de identificar en modo temprano cualquier 
desviación que pudiera suceder y que pueda afectar negativamente 
la marcha del proyecto.

Esta actividad puede incluir la recolección de información de los 
inspectores que hayan acudido a pruebas específicas, de visitas 
se seguimiento, de información recolectada de informes del 
proveedor y de cuantas fuentes se estimen necesario para 
determinar del modo más realista posible cual es el estado actual 
del suministro y cual será su evolución futura. Se debe 
comprender que la labor primordial de este personal será la de 
ayudar al proveedor a alcanzar sus compromisos, en la medida en 
que serán los del proyecto y no tanto una labor de inspección o 
sanción al mismo.

El resultado de esta actividad será la emisión de informes 
regulares para cada elemento que esté siendo fabricado con 
contrato para el proyecto, de su estado, las previsiones en 
relación a las expectativas y los principales aspectos que deben 
ser vigilados en la siguiente revisión. Independientemente de la 
estrategia de la organización uno de los consumidores obligados 
de estos informes serán los directores de proyecto, al objeto de 
que se encuentren informados y puedan, en su caso, realizar las 
gestiones oportunas.

Los aspectos relativos al envío de componentes a la obra y sus 
aspectos relacionados tiene que ver con el o los incoterms 
pactados en el contrato y se establecerá, en todo caso, la 
autorización previa del personal encargado de expediciones una 
vez se haya comprobado que todos los ensayos y verificaciones han 
sido completados.

1.8 Conclusiones

1.8.1 Puntos tratados

En esta lección se ha aprendido a comprender las actividades 
relacionadas con el aprovisionamiento, desde la búsqueda y 
solicitud de información en sus diferentes modalidades, hasta la 
formalización del contrato, con especial atención a las 
modalidades de contratación y, en particular, a las relaciones 
con el sector público.

Finalmente se ha revisado lo realtivo al seguimiento y 
activiación de pedidos, y su envío a la obra. En esta última 
etapa se ha puesto de relieve la importancia de los Incoterms.

1.8.2 Preguntas abiertas

1. Si somos una empresa pública propiedad de un ayuntamiento y 
  queremos contratar, con carácter anual la limpieza de nuestras 
  oficinas de 156m^{\text{2}}, sitas en un local diferente al 
  condominio municipal. ¿qué tipo de contrato deberíamos 
  celebrar? 

2. En el caso anterior, ¿tiene sentido un pliego de 
  prescripciones técnicas? 

3. ¿Para qué sirven las cláusulas de revisión de precios en 
  contratos de menos de un año de duración? 

4. ¿Qué procedimiento de contratación recomendaría Ud. para la 
  adquisición de un sistema de radar avanzado para equipar las 
  fragatas de guerra de la armada española?.

  Supuesto

La empresa EASYBUILT, S.A., tiene que terminar a 13 de septiembre 
de 2018 una obra de 1.500.000 €, IVA excluido, adjudicada el 2 de 
abril de 2018, pero por un fallo en las mediciones de uno de sus 
empleados, tiene que destruir dos muros y volver a levantarlos, 
con lo que no podrán terminar la obra en plazo.

• La empresa pide una prórroga, pero la Administración se la 
  deniega.

• Al llegar el 13 de septiembre, la Administración decide exigir 
  penalidades a EASYBUILT, S.A., por valor de 1100 € al día, 200€ 
  por encima de lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
  de Contratos del Sector Público.

• Tras 70 días de retraso, las penalidades diarias acumuladas 
  suman 77.000 €, y la Administración decide resolver el 
  contrato.

• EASYBUILT, S.A. se opone a la resolución del contrato, y una 
  vez dictada resolución final, interpone recurso contra ella.

Conteste explicándo las razones sobre:

¿El incumplimiento de EASYBUILT, S.A. se debe a una causa 
imputable a la empresa?

¿La empresa EASYBUILT, S.A. tiene derecho a una prórroga?

Al llegar el 13 de septiembre de 2018, ¿la Administración podría 
haber decidido resolver el contrato?

Teniendo en cuenta la cuantía de la penalidad diaria, ¿podemos 
calificarla de legal?

¿Es legal la resolución del contrato decidida tras los 70 días de 
retraso?



Referencias

Bibliografía

[1] CASANOVAS, A., Estrategias avanzadas de compras y aprovisionamientos: Lean Buying y Outsourcing (Profit Editorial, 2011).

[2] ESPAÑA, Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del S… (Boletín Oficial de Estado, 15 de mayo de 2009, núm. 118, pp. 41253--41360).

[3] ESPAÑA, Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (Boletín Oficial del Estado, 31 de octubre de 2007, núm. 2618, pp. 44336--44436).

[4] ESPAÑA, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector… (Boletín Oficial del Estado, de 16 de noviembre de 2011, núm. 276, pp. 117729--117914).

[5] ESPAÑA, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía … (Boletín Oficial del Estado, de 4 de febrero de 2017, núm. 30, pp. 8113--8113).

[6] ESPAÑA, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las D… (Boletín Oficial del Estado, de 9 de noviembre de 2017, núm. 272, pp. 107714--108007).

[7] MOYA, E.M., Gestión de compras: negociación y estrategias de aprovisionamiento (Fundación Confemetal, 2007).

[8] RIZO, S.C., MARTÍNEZ, E.G.S., LÓPEZ, Á.T., and GISBERT, P.F., Cuadernos de ingenieŕıa de proyectos III: dirección, gestión y organización de proyectos (Universidad Politécnica de Valencia, 2000).

[9] SERRANO, M.J.E., Gestión de aprovisionamiento : administración (Ediciones Paraninfo. S.A., 2009).